La figura de Lorena Villaverde, senadora electa por Río Negro, se convirtió en un foco de tensión política en el Senado: la oposición sumó firmas para impulsar un dictamen que impida que asuma su banca, citando antecedentes penales y presuntos vínculos narco que, para sus críticos, la inhabilitarían desde un punto de vista ético y constitucional.
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La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado está convocada para sesionar este miércoles a las 11, con el fin de dictaminar sobre su pliego de nombramiento. La moción de rechazo ya reúne lo que podría ser una mayoría, con entre 10 y 11 firmas, según fuentes parlamentarias, lo que permitiría resistir el aval oficialista y frenar la jura de Villaverde.
El escrito formal fue presentado por el PJ de Río Negro, que argumenta que Villaverde incurre en “inhabilidades morales, éticas y constitucionales”, aludiendo a un “pasado y presente delictivo, narcotraficante y defraudador” para justificar su impugnación.
El argumento legal se basa en el artículo 64 de la Constitución, que otorga a cada cámara del Congreso la facultad de juzgar la validez de los títulos de sus miembros.
En el núcleo de la controversia están los vínculos de Villaverde con Federico “Fred” Machado, un empresario procesado por narcotráfico en los Estados Unidos. Según los demandantes, Villaverde mantendría una relación estrecha con Claudio Ciccarelli, primo de Machado, lo que -afirman- lo integraría a una red de “narcopolitica”.
Además, su pasado personal agrega más leña al fuego: fuentes oficiales estadounidenses señalan que Villaverde fue detenida en Miami en 2002 por intentar comprar un kilo de cocaína. Según estas versiones, la transacción ocurrió en un restaurante y fue parte de una causa que, para muchos, no ha sido aclarada.
El escándalo se intensificó luego de que se revelara que Villaverde amenazó al periodista Nicolás Wiñazki cuando este ventiló su pasado en un programa televisivo. Además, la oposición advierte que su ascenso al Senado podría profundizar una crisis ética si se permite que un dirigente con estos antecedentes ingrese a la Cámara alta.
No es la primera vez que se alude a un mecanismo parlamentario excepcional para frenar su asunción: algunos senadores opositores proponen aplicar el mismo criterio que se usó en casos del pasado, como el del ex comisario Luis Patti.
No obstante, para impedir formalmente su ingreso se necesitaría un quórum complejo: la oposición requeriría dos tercios del Senado para impedir su jura, según fuentes de la Cámara.
Desde el seno libertario, Villaverde se mantiene firme en que asumirá. Ha defendido su candidatura con el argumento de que cumple con los requisitos legales y que el rechazo previsto será solo simbólico.
No obstante, los pasillos legislativos ya especulan con un escenario alternativo: si su pliego no es aprobado, su lugar podría quedar vacante o recaer en Enzo Fullone, su compañero de lista, cuyo nombre también genera polémica por sus propias conexiones políticas.
Más allá del resultado, el debate que se desató con Villaverde reafirma la tensión entre la ética parlamentaria y la estrategia política: el Senado debe decidir si los cuestionamientos por conducta pública -y los posibles vínculos penales- son suficientes para negar la jura de una senadora electa, marcando un precedente sobre los límites de la representación bajo la Constitución.
