Trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) realizaron esta mañana un "ruidazo" en la Parque Tecnológico Miguelete en contra del "desguace y vaciamiento" del organismo. Por este motivo, también se movilizarán al Congreso de la Nación con el fin de apoyar la derogación del DNU impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que modifica su estructura de manera integral.
La anulación del Decreto 462/25 integra el temario de la sesión solicitada por 39 diputados de diversas fuerzas políticas que se tratará hoy en el Congreso. Los funcionarios intentarán declarar la emergencia en ciencia y tecnología que el Gobierno ya amenazó con vetar, tal como hizo con las jubilaciones y la discapacidad.
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La normativa dispone la disolución en la práctica del INTI, "eliminando su autonomía y autarquía indispensables para que pueda cumplir con sus funciones de investigación, desarrollo y asistencia a las pymes y industria".
"El DNU es parte de un temario muy importante que se va a tratar en el Congreso junto a la emergencia del Garrahan y el presupuesto universitario”, explicó Yamila Mathon, especialista en Tecnologías de Gestión y del Conocimiento del INTI.
A esa lista hay que sumar los vetos a las leyes de aumento jubilatorio, prórroga de la moratoria y la emergencia en discapacidad. Sin embargo, el tratamiento de esos decretos no será discutido en la sesión de este miércoles.
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El reclamo de los trabajadores del INTI
Según los miembros del Instituto, el Decreto firmado por el presidente Javier Milei, el pasado 8 de julio como parte de las facultades delegadas, "pone en riesgo 1140 puestos de trabajo del principal organismo de ciencia y técnica", ya que se señalan como "prescindibles" dentro del texto de la normativa.
Bajo los lemas "el INTI no se toca" y "agosto sin decreto", los trabajadores del organismo marcharán hacia la Plaza de los Dos Congresos, donde se unirán junto a otros organismos y colectivos como el INTA, Vialidad Nacional, personalidades de la cultura, profesionales del Hospital Garrahan y universidades nacionales, quienes también les reclamarán a los legisladores que traten sus problemáticas en el temario de Diputados.
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Duro revés para el Gobierno de Milei: la Justicia frenó el cierre del INTI
El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín dictó una medida cautelar que suspende la aplicación del decreto 462/25, el cual ordenaba el vaciamiento del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
La resolución, obtenida tras la presentación del sindicato Asociación Trabajadores del Estado (ATE), ordena al Ejecutivo abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo que derive de dicho decreto, garantizando la continuidad del organismo y la estabilidad laboral de sus 1.140 trabajadores.
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La decisión la tomó la magistrada Martina Isabel Forns, del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N2. La medida cautelar, vigente por seis meses, se suma a otros recientes, como la suspensión del decreto 461/25 que ordenaba la disolución de Vialidad Nacional, también frenada por el mismo juzgado a partir de una acción del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA). Ambos casos reflejan una creciente resistencia judicial y gremial a las políticas de desmantelamiento de organismos públicos impulsadas por el Ejecutivo.
En su carácter de secretario general de ese gremio, Rodolfo Aguiar pidió que “se declare la nulidad e inconstitucionalidad“ de esa medida, al considerar que se trata de “una desviación de poder que ocultaría una disolución, desfederalización, y vaciamiento” del instituto.
Entre los puntos más cuestionados del decreto, se encuentra la transferencia de todos los ingresos del INTI al Tesoro Nacional y la eliminación de su personería jurídica.
El fallo, emitido en respuesta a una medida cautelar presentada por el gremio, argumenta que el decreto vulnera derechos laborales, como el principio de estabilidad, y sindicales consagrados en convenios colectivos, la Constitución Nacional y en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Además, cuestiona la legitimidad de las facultades delegadas utilizadas por el Gobierno para avanzar con el cierre del INTI, un organismo clave para la investigación y el desarrollo industrial.
