Con estos, ya suman 55 búnkers desactivados en Rosario y 89 en toda Santa Fe desde que se implementó la Ley de Microtráfico impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro.
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Las tareas fueron supervisadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación, en el marco de los operativos que buscan reducir la infraestructura criminal y recuperar el territorio para los vecinos.
El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, explicó que las propiedades derribadas estaban interconectadas “para facilitar la huida ante procedimientos policiales”, y que serán demolidas “por disposición de la Justicia”.
El fiscal Diego Giro confirmó que los lugares funcionaban como puntos activos de comercialización de cocaína y que la causa mantiene seis personas detenidas con prisión preventiva. Además, indicó que “no hay reclamos de propiedad sobre los inmuebles, por lo que el derribo no afecta derechos y busca eliminar espacios de violencia y narcotráfico”.
Desde la Provincia destacaron que la Ley de Microtráfico, sancionada a fines de 2023, permite actuar sobre los eslabones territoriales del narcotráfico, combinando la labor judicial, policial y municipal.
Los derribos de búnkers forman parte de un plan coordinado con los gobiernos locales y fuerzas federales para devolver seguridad a los barrios y avanzar en la reconstrucción del tejido urbano.
