La violencia doméstica aumenta día a día en un país donde prolifera cada vez más el discurso de odio, que empieza desde el propio presidente Javier Milei. Durante el primer trimestre de 2025, de 4.746 denuncias, el 73% de las víctimas eran mujeres. Esta información surge de los datos de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Este dato preocupante y mucho, ya que se da en medio de un contexto de recortes en áreas que brindan ayuda a las víctimas. A su vez, ese número representa aumentos respecto del mismo período de 2023, cuando las denuncias representaban un promedio de 30 personas por día y, en 2024, de 49.
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Para tener una idea más clara: esta oficina recibe por día, en promedio, 53 denuncias. Del total de presentaciones, el 66% incluía mujeres afectadas de entre 18 y 59 años; el 36% involucraba a niñas, niños y adolescentes; el 13% a varones de 18 a 59 años, y el 11% a personas de 60 años o más.
Los vínculos de pareja o expareja fueron los más frecuentes entre las personas afectadas y las denunciadas, representando el 47% de los casos. Les siguieron los filiales, con un 33%; otros vínculos, con un 10%; otros vínculos familiares, con un 5%, y los fraternales, también con un 5%.
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Violencia de género: caen las denuncias por faltas de organismos que ayuden a las víctimas
Agustina Rossi, integrante del área de Políticas de Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y especialista en violencias, analizó en profundidad la problemática.
La especialista en violencia reflexionó sobre los motivos que justamente hacen que las mujeres y diversidades opten por no denunciar y lo vinculó directamente con acciones concretas del gobierno actual.
"Mucho tiene que ver la poca información disponible sobre cuáles son las opciones de las personas que sufren violencia. Desde que asumió el nuevo gobierno, no hay organismos a nivel nacional encargados de diseñar y abordar políticas de prevención, como así tampoco que lleven adelante campaña de difusión para comunicar opciones a las víctimas de violencia. Esto genera mucha confusión porque las personas no saben qué funciona y qué no, como así tampoco están al tanto de qué ayuda pueden recibir", comentó.
Entre su análisis, Rossi destacó el desmantelamiento de los distintos dispositivos que funcionaban tanto a nivel nacional como a nivel local, puntualmente en la Ciudad de Buenos Aires, donde se redujo drásticamente la atención en los Centros Integrales de la Mujer. Además enfatizó en la quita de recursos en programas como el Acompañar y también en el recorte de la línea 144. "Si la respuesta estatal se achica, las mujeres terminan perdiendo la posibilidad de recibir ayuda en tiempo y forma", indicó Rossi.
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El Gobierno eliminó las jornadas obligatorias en las escuelas sobre violencia de género y educación vial
El Gobierno eliminó las jornadas obligatorias en las escuelas sobre violencia de género y educación vial. Lo hizo a través del Decreto 436/2025 publicado en el Boletín Oficial. Con esta medida, se eliminó el artículo 3° de la Ley 27.234 y los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214.
La disposición afecta de manera directa a la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano y al Observatorio de la Educación Vial que quedó disuelto.
El texto publicado indicó que la existencia del Observatorio de la Educación Vial y el Consejo Federal de Seguridad Vial generaba “una superposición de funciones que resulta contraria a los principios de eficiencia administrativa y racionalidad presupuestaria, al duplicar esfuerzos, estructuras y recursos para la consecución de objetivos similares”.
Por su parte, respecto a la jornada “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género”, que se engloba dentro de la Ley 27.234, el Gobierno sostuvo que estas actividades no son parte de la responsabilidad del Estado nacional: “lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N° 27.234 establece una responsabilidad innecesaria sobre el Poder Ejecutivo Nacional, al que no le compete realizar jornadas educativas durante el ciclo lectivo”.
Respecto a la Ley 27.214, el Gobierno indicó que el Observatorio de la Educación Vial nunca llegó a funcionar, y que su coexistencia con el Consejo Federal de Seguridad Vial duplica estructuras.
Según dio a conocer el Gobierno, estas medidas buscan “reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal con el fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas”.
