Las asignaciones presupuestarias a la actual Secretaría de Educación —anteriormente un Ministerio— es la menor, en términos reales, desde el año 2006. Esta información se desprende del cálculo elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) a través de su monitor: ajustando las cifras a valores actuales, el monto destinado a esta Secretaría era de $6,5 billones en 2006 y se reduce a $5,3 billones en 2025. Los años 2017, con $10,7 billones, y 2023, con $11,2 billones, fueron los períodos con el mayor presupuesto asignado a la educación en una comparación histórica.
A pesar de que el Gobierno lanzó en 2024 el Plan Nacional de Alfabetización y anunció que la educación sería una prioridad, el programa enfocado en la formación docente también presenta el presupuesto más bajo desde 2008 (el primer año que registra ACIJ) cuando equivalía a los $ 46.322 millones a precios de 2025. Este año, esa cantidad asciende a los $ 9.772 millones de pesos.
El programa de Compensación Salarial Docente fue uno de los que sufrió mayores recortes. Fue establecido en 2005 con el fin de asegurar un fondo adicional que permitiera complementar el salario mínimo en las provincias con menores recursos. Desde ese momento, pasó de contar con los $ 1,47 billones vigentes a los $1.000 millones actuales (y de los cuales, según se pudo constatar, no se ejecutó un solo peso). Entre 2016 y 2025, el dinero destinado al mejoramiento de la infraestructura edilicia de los jardines de infantes disminuyó de los $ 42 mil millones a los $ 14 mil millones vigentes a noviembre de 2025.
Riesgo de derogación de la Ley de Financiamiento Mínimo
La ley de Educación Nacional estipula, en su artículo 9, que el Estado debe garantizar el financiamiento del sistema y que el presupuesto no debe ser menor al 6% del PBI. Sin embargo, destacan desde un informe de Argentinos por la Educación, “la meta del 6% se alcanzó solamente en el ejercicio de 2015, acumulando entre 2006 y 2020 una deuda equivalente al 5% del PIB”. Agregan que el Presupuesto 2026 elaborado por el Poder Ejecutivo —en proceso de análisis o rechazo en el Congreso— “busca derogar expresamente el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, eliminando la exigencia legal de destinar un mínimo del 6% del PIB a la educación”.
Además, afirman que, a partir de 2020, la inversión en educación “mostró una recuperación paulatina hasta llegar a 1,41% en 2023, seguido nuevamente de una caída en 2024 (0,86%)”. Las proyecciones para el cierre de 2025 y las estimaciones para 2026, agregaron, “anticipan una profundización de esta tendencia, con niveles de inversión en Educación y Cultura equivalentes al 0,73% y 0,75% del PIB, respectivamente”.
El documento también examina el comportamiento presupuestario para 2026. Para ese año, la variación nominal del presupuesto de la Secretaría sería del $17,9\%$, lo que equivale a un crecimiento real del $3,6\%$ con la inflación prevista en el proyecto de presupuesto, y del $0,1\%$ medida respecto a la inflación del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), “mostrando un margen de incremento real mínimo”, subrayan.
