La Justicia de Brasil tomó medidas drásticas contra una abogada argentina de 29 años, identificada como Agostina Páez, tras un grave episodio de discriminación racial en un exclusivo bar de Ipanema, Río de Janeiro. Lo que comenzó como un altercado rutinario por la liquidación de una factura el pasado miércoles por la noche, escaló rápidamente a una causa penal que hoy mantiene a la joven santiagueña con prohibición de salida del país, el pasaporte retenido y una tobillera electrónica de monitoreo.
El hecho se desencadenó cuando Páez, quien se encontraba de vacaciones con un grupo de amigas, mantuvo una fuerte discusión con un empleado del local debido a un presunto error en la cuenta.
Según la denuncia ratificada por la Policía Civil, durante el intercambio, la profesional habría realizado gestos denigrantes y utilizado expresiones de alto contenido racista dirigidas al trabajador. Tras la intervención del gerente y la revisión inmediata de las cámaras de seguridad del establecimiento, el bar formalizó la denuncia que derivó en la detención inicial de la joven.
"Mono": La palabra que activó el protocolo de delitos de odio
Las autoridades de la 11ª Delegación Policial de Rocinha, encargadas de la investigación, señalaron que la acusada habría utilizado el término “mono”, una expresión que en la jurisprudencia brasileña es considerada un agravante de injuria racial y es castigada con penas de cumplimiento efectivo.
De acuerdo con los registros fílmicos y los testimonios recabados, la joven no solo utilizó el insulto verbal, sino que también habría reforzado su agresión con "gestos ofensivos" que quedaron grabados en el sistema de monitoreo interno del local.
La defensa de la abogada intentó inicialmente minimizar el impacto de las expresiones, pero la fiscalía local fue contundente al solicitar las medidas cautelares. Según informó el portal G1, Páez compareció ante la autoridad judicial este sábado, donde se le notificó la imposición de la tobillera electrónica para garantizar su presencia en todas las etapas del proceso.
La joven "declaró y recibió ambas disposiciones", quedando ahora sujeta a un régimen de monitoreo constante que le impide alejarse de las zonas delimitadas por la justicia carioca.
Legislación brasileña y el riesgo de una condena efectiva
El caso ha tenido una amplia repercusión en medios como el Diário da Guanabara, donde se subraya que estas medidas responden a una actualización de la legislación contra los delitos de odio, que en los últimos años ha endurecido las sanciones para extranjeros. El Ministerio Público de Río de Janeiro evalúa en estas horas presentar cargos formales por discriminación racial, un delito que, a diferencia de la injuria común, es imprescriptible e inalienable según la Constitución brasileña.
La situación para la abogada argentina es crítica. Mientras se termina de sustanciar la prueba pericial de los videos, la imposibilidad de abandonar Brasil y el estigma del monitoreo electrónico marcan un precedente para los turistas en esta temporada 2026. Sin antecedentes penales previos informados hasta el momento, la defensa deberá enfrentar una estructura judicial que busca dar mensajes ejemplificadores ante la opinión pública nacional e internacional.
