El Fondo Monetario Internacional autorizó una transferencia de USD 2.000 millones a la Argentina, luego de la evaluación inicial de las condiciones económicas establecidas entre el país y el organismo.
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Este respaldo financiero llega tras la revisión técnica acordada previamente.
El acuerdo, lejos de ser una buena noticia para la mayoría de la población, reafirma el rumbo de ajuste, recortes y reformas que impulsa el Ejecutivo.
Según el comunicado oficial, el programa "tuvo un comienzo sólido". Lo que en la práctica significa que se cumplieron metas fiscales, se ajustó el gasto y se mantuvo la línea de disciplina monetaria.
El FMI habilitó el desembolso de USD 2.000 millones para Argentina
La aprobación está sujeta aún al visto bueno del Directorio Ejecutivo del Fondo. Pero el acuerdo técnico ya habilita el acceso al dinero, que será utilizado para fortalecer reservas y cubrir compromisos financieros.
El gobierno insiste en mostrar esto como un logro. Pero en realidad, el costo lo pagan los sectores más vulnerables, con menos inversión social y un Estado cada vez más achicado.
El FMI celebró la “transición hacia un régimen cambiario más flexible” y la eliminación de controles. Esto, en los hechos, apunta a mayor liberalización, menos regulación y más margen para el poder financiero.
También se destacó la “continuidad del proceso de desinflación” y una reducción en la pobreza.
Sin embargo, los datos no reflejan mejoras sostenidas. Los alimentos siguen por encima de la inflación general y los ingresos no recuperan poder adquisitivo.
Las condiciones impuestas por el Fondo son claras: mantener el “ancla fiscal”, seguir acumulando reservas y profundizar las reformas estructurales. En otras palabras, menos gasto, más ajuste y más apertura.
Se espera que el Directorio formalice la aprobación del desembolso a fines de julio. Mientras tanto, el gobierno continúa avanzando con un plan que prioriza el visto bueno del Fondo por sobre las necesidades de la mayoría.