El ministro de Economía, Luis Caputo, se encuentra diseñando los movimientos finales para asegurar 2.400 millones de dólares antes del próximo viernes 9 de enero de 2026. Esta cifra es fundamental para afrontar el pago de vencimientos de deuda externa que ascienden a unos 4.225 millones de dólares con acreedores privados y grandes fondos de inversión internacionales. Los compromisos corresponden a bonos reestructurados durante la gestión de Alberto Fernández, pero que arrastran emisiones de los mandatos de Mauricio Macri, Cristina Kirchner, Néstor Kirchner, Fernando De la Rúa y Carlos Menem, títulos que a lo largo de los años han atravesado diversos periodos de cesación de pagos y licuaciones de valor.
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Actualmente, el Tesoro Nacional dispone de aproximadamente 1.800 millones de dólares reservados para este compromiso. Este capital se consolidó tras la emisión del Bonar 2029 a principios de diciembre, sumado a las compras netas de divisas en el mercado de cambios bajo el esquema de bandas de flotación y el ingreso de fondos provenientes de la privatización de las concesiones de las cuatro represas hidroeléctricas del Comahue.
En su búsqueda de financiamiento, Caputo ha manifestado su intención de dejar de "depender de Wall Street", priorizando un desendeudamiento neto que reduzca la exposición al riesgo internacional. Esta decisión llega exactamente ocho años después de la última emisión de deuda bajo la ley de Nueva York. Debido a esta postura, el menú de opciones para cubrir el faltante de divisas se ha limitado a la utilización de líneas de REPO bancario —operaciones de pases pasivos con promesa de recompra— y nuevas colocaciones en el mercado de deuda local, las cuales se ven impulsadas por el superávit fiscal primario y financiero que mantiene la administración de Javier Milei.
La reciente sanción del Presupuesto 2026 en el Congreso de la Nación se percibe como una señal de normalidad institucional que podría favorecer una baja en el riesgo país. Al demostrar capacidad para lograr mayorías parlamentarias y sostener el superávit, el Gobierno busca enviar un mensaje de previsibilidad tanto a Estados Unidos como al Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, este optimismo financiero contrasta con las dificultades en el plano de la reforma laboral. La resistencia opositora ha empantanado el debate, obligando a postergar cualquier avance hasta el 10 de febrero de 2026, lo que genera dudas sobre el alcance de las reformas estructurales necesarias para atraer inversiones y reducir los costos operativos en Argentina.
