El ocultamiento de parte del Banco Central (BCRA) y del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el envío de lingotes de oro al exterior estaría llegando a su fin. Este lunes, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal revocó un fallo de primera instancia y ordenó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que entregue información pública vinculada al envío de lingotes de oro al exterior.
La decisión fue adoptada por la Sala V del tribunal, integrada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, quienes concluyeron que la autoridad monetaria no justificó de manera adecuada la decisión de mantener esos datos bajo “reserva total” y que el ocultamiento vulneró los principios de transparencia, publicidad y máxima divulgación que rigen el derecho de acceso a la información pública.
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Previamente, el Bcra había logrado -en la anterior instancia- eludir la entrega de datos al argumentar que “la información requerida se encontraba dentro de las excepciones previstas en el artículo 8° de la Ley N° 27.275″, que regula el derecho de acceso a la información pública.
Caputo deberá explicar dónde envió el oro de las reservas
Cuando surgió el interrogante y las especulaciones del envío del oro de las reservas al exterior, el diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, fue el primero en presentar varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen dónde está el patrimonio nacional y qué tipo de cauciones lo afectan. Ni Santiago Bausili -titular del BCRA- ni Caputo quisieron dar información; es más, cuando le consultaron al ministro, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses.
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro.
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
En ese sentido, los jueces cuestionaron que el Banco Central no explicara “por qué no podría informar si existieron las operaciones de envío de lingotes de oro al exterior y el monto involucrado, el ámbito en que se adoptó la decisión, la existencia de expedientes administrativos o la eventual notificación a la sindicatura”, entre otros puntos que consideraron centrales para el control público.
El tribunal también subrayó que la información reclamada se vincula con “un asunto de indudable interés público”, como es la administración de las reservas internacionales, y recordó que el derecho de acceso a la información se encuentra regido por el principio de máxima divulgación.
En línea con el dictamen del fiscal general, la Cámara ordenó al BCRA que entregue la información solicitada o, en su defecto, que indique “circunstanciadamente y punto por punto” qué datos no pueden ser divulgados y de qué manera su difusión podría poner en riesgo el sistema financiero o perjudicar los intereses del organismo. Además, impuso las costas de ambas instancias al Banco Central, al resultar vencido en el proceso.
