El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desestimó el reciente fallo de la Corte Suprema de su país y anunció que subirá del 10% al 15% los aranceles a productos importados fijados el viernes.
Su acción es en respuesta al fallo de la Corte Suprema del país que le había ordenado anular la mayoría de las tarifas globales. En su descargo, el mandatario señaló que es el "nivel máximo permitido y legalmente validado" y anticipó que buscará alternativas legales para sostener los gravámenes, lo que mantiene en vilo al sector privado.
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"Como presidente de los Estados Unidos de América, aumentaré, con efecto inmediato, los aranceles globales del 10% anunciados el día anterior hasta el nivel totalmente autorizado del 15%", publicó el republicano este sábado en un mensaje por Truth Social, donde calificó el fallo de los jueces como "ridículo" y "extraordinariamente antiestadounidense".
El argumento utilizado por Trump para la suba es la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite incrementar hasta un 15% los aranceles a las importaciones por un plazo máximo de 150 días. En este marco, aseguró que la Casa Blanca ya trabaja para, en los próximos meses, determinar y emitir los nuevos aranceles "legalmente permisibles".
Asimismo, confirmó que la mayoría de los acuerdos comerciales negociados por Estados Unidos con otros países seguirán vigentes pese al fallo judicial.
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La Corte Suprema de EE.UU. declaró ilegales los aranceles de Trump
La Corte Suprema de los Estados Unidos, en un fallo 6 a 3, sostuvo que el presidente norteamericano, Donald Trump, no tenía autoridad para imponer aranceles de manera unilateral bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
El fallo, de más de 150 páginas, amenaza al Gobierno estadounidense con tener que devolver decenas de miles de millones de dólares por gravámenes cobrados, aparentemente, de forma irregular.
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Los jueces que votaron en contra fueron Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh. Este último aseguró que "los aranceles en cuestión pueden o no ser una política sensata. Pero, a juzgar por el texto, la historia y los precedentes, son claramente legales".
En la opinión mayoritaria, el presidente del tribunal, John Roberts, remarcó que una medida de ese alcance requiere autorización clara del Congreso. "Cuando el Congreso ha delegado sus poderes arancelarios, lo ha hecho en términos explícitos y sujeto a límites estrictos", escribió, al tiempo que agregó que "si el Congreso hubiera tenido la intención de otorgar el poder distintivo y extraordinario para imponer aranceles, lo habría hecho de manera expresa, como lo ha hecho consistentemente en otras leyes arancelarias".
