La decisión, avalada por la Ley Bases recientemente aprobada, marca un punto de inflexión en la historia de los servicios estratégicos en Argentina, con implicancias preocupantes para la soberanía, el empleo y el acceso igualitario a derechos básicos.
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La lista de empresas incluye también a Intercargo, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Corredores Viales y Belgrano Cargas. Todas ellas brindan servicios fundamentales, desde el transporte público hasta el suministro de agua potable, energía eléctrica y gestión aeroportuaria. El caso del Tren Roca, que conecta a miles de trabajadores del sur del conurbano con la Ciudad de Buenos Aires, simboliza el impacto más directo sobre la vida cotidiana.
La privatización no será inmediata, pero ya está en marcha. El Ejecutivo espera tener listos los procedimientos técnicos antes de noviembre, cuando deberá rendir cuentas ante el Fondo Monetario Internacional. La coordinación está a cargo de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, liderada por Diego Chaher, cuya misión es garantizar "el mejor precio posible", según el discurso oficial.
Pero detrás de los tecnicismos y promesas de eficiencia, hay otra realidad: la pérdida del control estatal sobre áreas estratégicas y una potencial degradación del acceso universal a servicios esenciales. La experiencia histórica argentina y mundial demuestra que la privatización de empresas públicas muchas veces ha significado aumentos de tarifas, precarización laboral y abandono de zonas no rentables.
La venta de las empresas se ejecutará por tramos y con mecanismos diversos: licitaciones públicas, ofertas bursátiles, concesiones y concursos nacionales e internacionales. Cada firma tendrá un plan a medida. Por ejemplo:
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Trenes Argentinos (SOFSE): se concesionarán los servicios, aunque se mantendrá una participación estatal menor.
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AySA: se dividirá su capital entre el mercado de valores y concursos públicos.
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Enarsa: se fragmentará en 15 unidades de negocio, comenzando por la venta de acciones de Citelec (controlante de Transener).
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Belgrano Cargas: el mantenimiento pasará a concesionarse, y la empresa se cerrará.
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Nucleoeléctrica Argentina: el Gobierno permitirá vender hasta el 49% de su capital accionario.
El argumento económico se apoya en los más de $4 billones que el Tesoro destinó en 2024 para cubrir el déficit de estas compañías. La administración de Javier Milei sostiene que el recorte del gasto público y la atracción de capital privado son las claves para estabilizar la economía.
Sin embargo, la pregunta que muchos trabajadores, técnicos y usuarios se hacen es otra: ¿quién garantizará el acceso justo y equitativo a estos servicios cuando el Estado ya no tenga la última palabra? La respuesta, por ahora, parece quedar en manos del mercado.
Además, el Gobierno ya anticipó que otras empresas como Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina, el Correo Argentino y el Banco Nación podrían ingresar a futuras etapas de privatización, en una política que Milei ha definido sin matices: "Vender todo lo que pueda estar en manos del sector privado".
Lo que para el Ejecutivo es eficiencia, para muchos argentinos representa la pérdida de conquistas históricas. La historia se repite, pero el resultado aún está por escribirse.
