Tras haber suspendido la sesión del Concejo Deliberante de La Plata la semana pasada como gesto de repudio, el peronismo platense redobló la apuesta: presentó un proyecto para declarar personas no gratas a los tres jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que avalaron la condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la dos veces presidenta y actual titular del Partido Justicialista nacional.
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“Declárase personas no gratas en el ámbito del municipio de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los señores jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Dr. Ricardo Lorenzetti, Dr. Horacio Rosatti y Dr. Carlos Rosenkrantz, en función del fallo proscriptivo contra Cristina Fernández de Kirchner, lo que constituye un grave atentado contra la democracia y vulnera el derecho de la ciudadanía a elegir libremente a sus representantes”, señala el proyecto de decreto que ingresó en las últimas horas en el Concejo Deliberante.
La iniciativa fue impulsada por el presidente del bloque de concejales de Unión por la Patria, el camporista Pablo Elías, y cuenta con el respaldo del resto de la bancada peronista. De aprobarse, La Plata se sumaría a la lista de municipios bonaerenses y espacios legislativos —como la Legislatura porteña— que en los últimos días adoptaron medidas simbólicas de repudio a la Corte y en defensa de la exmandataria.
En los fundamentos del proyecto, los diez ediles peronistas acusan directamente a Lorenzetti, Rosatti y Rosenkrantz de cercenar la voluntad popular, sosteniendo que la condena, dictada cuando Cristina ya había confirmado su intención de competir como candidata a legisladora por la Tercera Sección Electoral, fue un acto de proscripción encubierta.
Para los concejales oficialistas, esta maniobra judicial responde a un plan más amplio de disciplinamiento político y persecución que pone en riesgo la democracia y alimenta la crisis institucional. Por eso consideran “imperioso” que la ciudad de La Plata exprese de forma clara su rechazo a lo que califican como “la intromisión de la Justicia en el proceso electoral y la voluntad popular”.
El proyecto será tratado en las próximas sesiones y se anticipa un fuerte cruce con los bloques opositores, que rechazan estas iniciativas y acusan al oficialismo de “victimizar” a Cristina para fortalecer su imagen de cara a futuros escenarios electorales.
