El bloque PRO–Juntos por el Cambio en el Concejo Deliberante de La Plata presentó un pedido de informes que pone bajo la lupa el plan de relocalización de familias vulnerables implementado por la gestión del intendente Julio Alak. La iniciativa, firmada por la concejala Lucía Barbier, exige detalles sobre las intervenciones realizadas hasta el momento y abre interrogantes sobre la transparencia y la planificación con la que se están llevando a cabo estos traslados.
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El pedido apunta a que el Ejecutivo Municipal, a través de las áreas correspondientes, informe de forma "exhaustiva y pormenorizada" sobre la política de reubicación de familias que fueron desplazadas de espacios públicos o asentamientos informales, en muchos casos en condiciones de extrema precariedad.
Desde que comenzó la gestión actual, el Municipio ha avanzado con distintos operativos de relocalización: entre ellos, los casos de las familias que vivían en la zona de las vías del Bosque, las ubicadas en El Mercadito, las que habitaban el área donde se construyó la bajada de la autopista en la avenida 520, y más recientemente, las que residen en un asentamiento en la calle 25 entre 511 y 512, en la localidad de Hernández.
La oposición no cuestiona el fondo de la política de relocalización, sino su ejecución y, sobre todo, la falta de información pública que la rodea. El proyecto solicita detalles sobre cada intervención: el número de familias trasladadas, los lugares de origen y destino, y si en esos nuevos domicilios están garantizados los servicios básicos como agua potable, energía eléctrica, cloacas, recolección de residuos, transporte público y acceso a centros de salud y escuelas.
Además, se pide saber si existen programas de acompañamiento social, económico y sanitario para las familias afectadas, incluyendo asistencia en salud, apoyo para la inserción laboral y acceso a planes sociales. En este punto, Barbier advierte que estos procesos no pueden tratarse como meros traslados geográficos: “No se trata simplemente de mover personas. Se trata de desarticular comunidades, interrumpir trayectorias educativas y afectar derechos esenciales como el acceso a la salud y el trabajo”.
En los fundamentos del proyecto, la concejala recuerda que la relocalización de personas en situación de vulnerabilidad está regulada por principios constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos. “Estas acciones deben hacerse con máxima cautela, planificación y absoluta transparencia”, señala, advirtiendo que la intervención anunciada en la villa de Hernández no puede ser considerada un caso aislado.
La iniciativa opositora instala así una pregunta clave: ¿se están cumpliendo los estándares legales y humanos en el proceso de relocalización o se está avanzando sin controles ni garantías mínimas? La respuesta, por ahora, está en manos del Ejecutivo municipal.
