El ajuste en organismos públicos sumó un nuevo capítulo con una decisión que genera preocupación en un área sensible: el control de alimentos.
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El Gobierno resolvió eliminar una amplia gama de servicios del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), incluyendo ensayos clave vinculados a la calidad y seguridad de productos que llegan a la mesa de los argentinos.
La medida, formalizada a través de una resolución del propio organismo, dispone la “cesación de la prestación” de más de 900 servicios tecnológicos.
Entre ellos, se encuentran análisis de aditivos, estudios de vida útil, controles sobre edulcorantes y detección de contaminantes.
Recorte en el INTI: el Gobierno da de baja controles sobre alimentos y bebidas
Se trata de herramientas que durante años funcionaron como respaldo técnico tanto para empresas como para organismos de control.
En muchos casos, eran una instancia independiente que permitía verificar la composición y la inocuidad de alimentos y bebidas.
Con este recorte, buena parte de ese sistema queda fuera de la órbita estatal. Especialistas y trabajadores advierten que esto puede derivar en un escenario con menor capacidad de control público y mayor dependencia de actores privados.
El impacto no es menor. Entre los servicios que dejarán de prestarse hay estudios sobre cafeína, antioxidantes, micotoxinas y propiedades funcionales de distintos productos, además de evaluaciones sensoriales que se utilizaban antes de la salida al mercado.
Desde el Gobierno plantean que los convenios vigentes se cumplirán hasta su finalización, pero no habrá continuidad para nuevas prestaciones. Tampoco se detalló qué capacidades se mantendrán activas en el futuro.
En paralelo, trabajadores del INTI denuncian un proceso de desmantelamiento que se viene profundizando desde 2024. Señalan que hubo cierre de áreas, falta de financiamiento y dificultades operativas para sostener tareas básicas.
También alertan sobre una “migración” de funciones hacia el sector privado. Según indicaron, en las últimas semanas comenzaron a recibir propuestas laborales para realizar por fuera del Estado tareas que antes se hacían dentro del organismo.
“Nos ofrecen hacer de manera individual trabajos que eran parte del INTI, incluso bajo condiciones que podrían violar normas de ética pública”, señalaron desde el sector.
Para los trabajadores, el problema no es solo el recorte, sino lo que implica a futuro. “El INTI es el único organismo con capacidad técnica para garantizar calidad y trazabilidad”, sostienen, y advierten que la pérdida de ese rol puede afectar controles clave.
