Las sospechas sobre un presunto esquema de contrataciones irregulares dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se vieron destacadas por la reciente declaración de Roger Edgar Grant, excoordinador de Gestión de Urgencias. Grant admitió que los procedimientos de adquisición de medicamentos estaban predeterminados (direccionados) y que él actuaba bajo las órdenes directas de Daniel María Garbellini, quien ha sido identificado como el "número dos" del entonces director, Diego Spagnuolo.
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Grant, que estaba a cargo de las compras a través del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones con Discapacidad (SIIPFIS), se ha convertido en un testigo crucial dentro de la causa judicial.
Durante su toma de declaración, el excoordinador reconoció una gran parte de las prácticas anómalas vinculadas a la compra de fármacos del programa PACBI. Fuentes judiciales detallaron que sostuvo que “todo lo hacía por orden de Garbellini” y que “todo lo consultaba con él”. Esto incluía desde determinar qué droguerías tenían permiso para presentar cotizaciones hasta la gestión de los plazos administrativos.
Asimismo, confirmó que llevaba a cabo instrucciones precisas relativas a las altas y bajas en el sistema y que se mantenía informado sobre qué proveedores habían logrado enviar sus propuestas.
El eje del direccionamiento y las evidencias
La declaración de Grant ratificó la hipótesis de que la maniobra de direccionamiento se concentraba en Garbellini. El excoordinador lo posicionó como la figura que establecía la operativa, asegurando que sus propias decisiones eran simplemente de carácter instrumental. Sin embargo, optó por no mencionar posibles transacciones ilegales: acerca de las supuestas coimas, “no dijo nada”, según reconstruyeron quienes estuvieron presentes en la audiencia.
El expediente también contiene otro elemento que compromete al excoordinador: su nombre fue encontrado en cuadernos incautados durante un registro en la residencia de Miguel Ángel Calvete. Los investigadores judiciales interpretan estas anotaciones como parte del mapa interno de la operatoria que se está tratando de reconstruir.
La ronda de interrogatorios sigue su curso hoy con la comparecencia de Luciana Ferrari, quien hasta hace poco se desempeñaba en la compañía farmacéutica Roche.
La dudosa defensa de Spagnuolo
Mientras las declaraciones avanzan, la defensa de Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, está concentrada en desarticular el núcleo probatorio de la causa. Hace pocos días, sus letrados solicitaron el sobreseimiento de su defendido y demandaron la anulación de todas las resoluciones fundamentadas en los audios que originaron la investigación.
Para sostener su posición, presentaron un informe pericial elaborado por el experto Miguel Ángel de la Torre Guijarro, cuya conclusión indica que las grabaciones fueron “editadas y modificadas múltiples veces”.
Los abogados Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera insisten en que el material no puede servir de sustento para ninguna decisión judicial, argumentando que “los audios han sido editados, manipulados y modificados con inteligencia artificial”, además de ser —según su postura— el resultado de “escuchas ilegales”.
