El Palacio San Martín quedó en el centro de la polémica tras la formalización de un contrato con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) por un monto de $114.044.133. Ante las acusaciones de presuntas irregularidades, el canciller Pablo Quirno aseguró que “no hay absolutamente ninguna irregularidad” en el proceso, destacando que la adjudicación se ajustó a los mecanismos de control y transparencia establecidos para la Administración Pública Nacional.
La controversia escaló debido al vínculo familiar entre la Directora Ejecutiva de la AACI, María Josefina Rouillet, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Según la versión oficial, esta relación fue declarada desde el inicio, lo que motivó que “se activó el procedimiento de integridad” bajo el marco del Decreto 202/2017, requiriendo la intervención directa de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
Los detalles del expediente
La contratación tiene como objeto la formación técnica en idioma inglés del personal diplomático y administrativo de la Cancillería. El proceso se estructuró bajo las siguientes especificaciones:
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Modalidad: Adjudicación simple por especialidad, fundamentada en la trayectoria de la AACI, entidad proveedora del Ministerio desde el año 2018.
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Plataforma: Formalizada a través del sistema oficial de contrataciones del Estado.
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Identificación: Expediente EX-2025-132767865-APN-DCYC#MRE y procedimiento 26-0033-CDI25.
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Plazo: Un contrato de nueve meses con opción de prórroga por un periodo idéntico.
Desde el entorno de Sturzenegger, se remiten al informe de la OA incorporado al expediente, el cual concluye que “está clarísimo que no hubo ni hay irregularidad alguna”, descartando la existencia de un beneficio indebido.
Judicialización y postura de la oposición
Pese a las explicaciones del Ejecutivo, la senadora nacional del PJ, Juliana di Tullio, anunció que llevará el caso a los tribunales de Comodoro Py. La legisladora calificó la adjudicación como “un choreo de acá a Júpiter” y cuestionó la cláusula de "especialidad" de la AACI de forma irónica: “la familia de Sturzenegger capaz que es la única que tiene la “especialidad” de hablar inglés, digamos todo”.
La denuncia buscará determinar si la proximidad jerárquica de Sturzenegger dentro del Gabinete influyó en la decisión administrativa, a pesar de los dictámenes de los organismos de control que, según Quirno, avalan que “el expediente se tramitó de manera pública y transparente”.
