El Gobierno nacional confirmó que apelará el fallo judicial de este lunes que dejó sin efecto el protocolo antipiquetes.
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La decisión fue anunciada luego de que la Justicia declarara la nulidad de la medida que regulaba el accionar de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue quien fijó la postura oficial.
A través de un mensaje en la red social X, defendió el protocolo y cuestionó con dureza la resolución del juez.
Protocolo antipiquetes: el Gobierno apelará el fallo que lo deja sin efecto
“Sin protocolo no hay orden, hay caos”, escribió la funcionaria, al tiempo que advirtió que el Ejecutivo no piensa retroceder frente al fallo.
Monteoliva confirmó que el Gobierno llevará el caso ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
“No vamos a dar un paso atrás. Este protocolo tiene fundamentos técnicos, jurídicos y operativos”, sostuvo.
El fallo fue dictado por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, tras una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En su resolución, consideró que el Poder Ejecutivo avanzó sobre atribuciones que corresponden al Congreso.
Desde el Gobierno rechazaron ese planteo y señalaron que el protocolo fue aplicado en numerosas oportunidades sin objeciones judiciales. También remarcaron que la medida no prohíbe las protestas, sino que busca ordenar su desarrollo y garantizar la libre circulación.
Desde el Ejecutivo sostienen que la anulación del protocolo responde a una decisión política: “Sin esta herramienta vuelve el desorden”, señalaron, destacando el respaldo social a la medida.
La Justicia anuló el protocolo antipiquetes impulsado por Patricia Bullrich
La Justicia dio de baja el protocolo antipiquetes que había impulsado Patricia Bullrich y que regía el accionar de las fuerzas de seguridad frente a manifestaciones y cortes de calle.
La decisión fue tomada por el juez Martín Cormick, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, quien hizo lugar a un amparo presentado por el CELS y consideró que la medida avanzaba sobre derechos constitucionales básicos.
En el fallo, el magistrado fue claro: el Poder Ejecutivo no puede, a través de una resolución, habilitar mecanismos que limiten la protesta social ni autorizar intervenciones policiales sin control judicial.
El protocolo, aprobado en 2023, permitía a las fuerzas actuar de manera inmediata ante un corte de tránsito, bajo la idea de que se trataba de un delito en flagrancia. Para el juez, esa interpretación es incorrecta y peligrosa.
Revés judicial para el Gobierno: anularon el protocolo antipiquetes
Cormick remarcó que una protesta no puede ser tratada automáticamente como un delito penal y que el uso de la fuerza no puede quedar librado a decisiones administrativas o policiales sin la intervención previa de un juez.
La resolución también cuestiona las tareas de inteligencia que el protocolo habilitaba, como la identificación de manifestantes mediante filmaciones o fotografías, incluso con agentes vestidos de civil.
Según el magistrado, ese tipo de prácticas choca de frente con la Ley de Inteligencia Nacional, que prohíbe al Estado recolectar información sobre personas por motivos políticos, ideológicos o de pertenencia a organizaciones sociales.
Otro punto señalado en el fallo es la falta de distinción frente a grupos vulnerables. El juez advirtió que el protocolo no contemplaba ningún tratamiento especial para niños, adultos mayores o personas con discapacidad durante las intervenciones.
Con este fallo, la decisión de autorizar o no el accionar de las fuerzas de seguridad en una protesta vuelve a quedar en manos de la Justicia y no del Ejecutivo.
De todos modos, el Gobierno todavía puede apelar la resolución ante instancias superiores.
La sentencia se conoce pocos días después de otro fallo del mismo juez, que había intimado al Ejecutivo a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.
