El Ministerio de Seguridad de la Nación formalizó la apelación contra la sentencia del juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Martín Cormick, quien recientemente había ordenado la suspensión del protocolo de orden público. Desde la cartera que actualmente conduce Alejandra Monteoliva confirmaron que la presentación judicial deja en suspenso los efectos del fallo de primera instancia hasta que la Cámara de Apelaciones resuelva la cuestión de fondo.
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De esta manera, el Poder Ejecutivo ratificó la plena vigencia de la Resolución 943/23, herramienta diseñada para evitar los cortes de calles durante las manifestaciones sociales.
El conflicto legal se originó a partir de un amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que solicitaba la nulidad absoluta de la resolución impulsada originalmente por la gestión de Patricia Bullrich. En su dictamen, el juez Cormick argumentó que el Poder Ejecutivo se había extralimitado en sus funciones al emitir una normativa que, bajo la apariencia de impartir instrucciones a las fuerzas de seguridad, en realidad legisla sobre derechos fundamentales. Según el magistrado, la medida conforma "un exceso en la competencia otorgada al PEN por nuestro ordenamiento jurídico", señalando que el Ejecutivo se inmiscuyó en facultades que corresponden exclusivamente al Poder Legislativo.
Desde el Ministerio de Seguridad respondieron con firmeza al fallo y defendieron la legitimidad del protocolo como un pilar para garantizar la convivencia ciudadana. A través de un comunicado oficial, la cartera sostuvo que no habrá "ni un paso atrás contra los que quieren que regrese el caos y el desorden", insistiendo en que la normativa no prohíbe el derecho a la protesta, sino que lo ordena en función del respeto a la libre circulación y al comercio.
La posición gubernamental subraya que, desde la implementación del protocolo, se logró recuperar el orden en la vía pública para quienes eligen trabajar y circular con libertad, estableciendo reglas claras para todos los actores sociales.
Por el contrario, Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, manifestó una postura crítica frente a la decisión del Gobierno de mantener la operatividad de la norma mientras se tramita la apelación. Si bien reconoció que la concesión del recurso judicial suspende técnicamente los efectos de la sentencia de Cormick, la referente de la ONG sostuvo que, por buena fe procesal, las autoridades deberían abstenerse de aplicarlo.
Para la directora del organismo, el foco del Poder Ejecutivo debería estar puesto en respetar el criterio de un juez que calificó a la regulación como contraria a los derechos consagrados en la Constitución Nacional.
