El bloque de diputados del PRO, liderado por Cristian Ritondo, ha recurrido a la Justicia mediante un amparo para anular el nombramiento de tres nuevos integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN). La medida apunta contra la sesión realizada en la madrugada del 18 de diciembre, donde se aprobó la resolución 7018-D-2025.
Según el partido que conduce Mauricio Macri, la designación de Rita Mónica Almada (La Libertad Avanza), Juan Ignacio Forlón (vinculado al kirchnerismo) y Cinthia Pamela Calletti (cercana al gobernador salteño Gustavo Sáenz) es un acto “abiertamente inconstitucional”.
Los argumentos de la impugnación
La presentación judicial, un documento de 29 páginas patrocinado por la abogada Tiziana Díaz, sostiene que la votación fue irregular por múltiples motivos técnicos y procedimentales:
-
Violación del temario: El PRO argumenta que el tema no estaba incluido en el decreto presidencial que convocó a sesiones extraordinarias, lo que vulneraría el artículo 63 de la Constitución Nacional.
-
Falta de transparencia: La votación se produjo cerca de las tres de la mañana, lo que, según el bloque, ocurrió “sin publicidad ni transparencia, sin dictamen previo, sin debate parlamentario y sin cumplir los procedimientos reglamentarios esenciales”.
-
Ausencia de consenso: El partido esperaba la designación de Jorge Triaca, pero quedó marginado tras un supuesto acuerdo político entre el presidente de la Cámara, Martín Menem, sectores de Fuerza Patria y mandatarios provinciales del norte.
El pedido a la Justicia
Desde el entorno de Ritondo aseguran que esta maniobra no solo es una falta reglamentaria, sino un golpe a la representatividad democrática. En el escrito, los legisladores señalaron que “lo ocurrido afectó de manera directa los derechos políticos de los diputados y quebró el equilibrio institucional del sistema de control del Estado”.
En consecuencia, el PRO ha solicitado formalmente:
-
La declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los nombramientos.
-
Una medida cautelar urgente para que los auditores designados no puedan asumir sus funciones hasta que haya una sentencia firme.
-
El restablecimiento del orden institucional previo a la sesión cuestionada.
Defensa de las reglas parlamentarias
Para los amparistas, la validez de los procedimientos no es un detalle menor. El texto subraya que “el respeto de las reglas constitucionales y reglamentarias no es una mera exigencia ritual, sino una garantía esencial para que todos los diputados -y, en particular, aquellos que no integran la mayoría circunstancial- puedan ejercer de manera efectiva la función representativa que les ha sido confiada por el electorado”.
