La Iglesia publicó una carta en donde se expresa en contra del proyecto de ley que baja la edad de imputabilidad. El documento eclesiástico se presenta como un diagnóstico nacido de la experiencia en el territorio —barrios populares, Hogares de Cristo y escuelas— y cuenta con un respaldo transversal de organismos internacionales como UNICEF, la Sociedad Argentina de Pediatría y diversas asociaciones de magistrados.
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La tesis central es clara: “Bajar la edad no baja el delito”. Para la Iglesia, reducir el umbral de punibilidad no ha demostrado ser una política exitosa en términos de seguridad en ningún lugar del mundo, y Argentina, con su piso actual de 16 años, se mantiene estadísticamente entre los países menos violentos de la región.
Crítica al proceso legislativo y al enfoque punitivo
Uno de los puntos más álgidos de la carta es la denuncia sobre la calidad del debate en el Congreso. Los obispos reconocen haber sido convocados, pero aclaran: “A decir verdad, hemos sido ‘escuchados’; sin embargo, no vemos reflejados nuestros aportes en el proyecto”. La Iglesia sostiene que la iniciativa ignora la evidencia científica y jurídica que señala que el cerebro adolescente está aún en desarrollo, especialmente en las áreas de control de impulsos.
En este sentido, el documento rechaza el eslogan “delito de adulto, pena de adulto” y plantea interrogantes sobre la capacidad real del Estado para garantizar la reinserción:
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Falta de infraestructura: ¿Existen dispositivos adecuados para salud mental y capacitación laboral?
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Presupuesto: ¿Está garantizada la continuidad educativa dentro del sistema penal?
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Inconstitucionalidad: Se advierte que el proyecto contradice la Constitución Nacional y la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
El factor social y la visión del Papa Francisco
La Iglesia advierte que el ingreso temprano al sistema penal suele ser un "camino de ida" que profundiza el daño en jóvenes vulnerables. Citando al Papa Francisco, la carta recuerda que los Estados deben abstenerse de castigar penalmente a quienes no han alcanzado la madurez. La propuesta alternativa de la Iglesia es un cambio de paradigma: priorizar la salud mental y la generación de oportunidades reales por sobre el castigo.
Para la jerarquía católica, los adolescentes no deben ser vistos como una amenaza, sino como "presente y esperanza". El documento concluye que el aumento de penas es una respuesta simplificadora que bloquea el abordaje de las causas reales, como la deserción escolar y la falta de horizontes de vida digna en los contextos de exclusión.
