La Universidad de Buenos Aires (UBA) decidió poner en marcha acciones legales en contra del Poder Ejecutivo Nacional con el objetivo de demandar la observancia de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial. Dicha ley fue sancionada por el Congreso y formalmente promulgada mediante decreto, aunque su aplicación quedó en pausa hasta que el Poder Legislativo defina las fuentes de recursos monetarios.
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El Consejo Superior de la casa de estudios tomó esta resolución por consenso total durante su sesión celebrada el 22 de octubre de 2025. En su determinación, la UBA afirmó que “este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”.
El texto respaldado añade que la medida adoptada por el Ejecutivo “implica la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos afectando al sistema universitario y a su comunidad al no poder acceder al financiamiento necesario y a la recomposición salarial establecidos en la ya mencionada ley”.
La resolución, inscrita bajo el expediente EX-2025-04995445-UBA-DME#REC, autorizó al rector a iniciar los procedimientos judiciales correspondientes “a fin de exigir la inmediata implementación efectiva de la Ley 27.795”. También se dispuso que la decisión sea comunicada a la totalidad de las dependencias académicas, establecimientos de enseñanza secundaria, centros de salud universitarios e institutos que dependen de la universidad.
Decisión del Consejo Superior de la UBA
El Consejo Superior basó su determinación en la coyuntura financiera que afecta al conjunto del sistema universitario nacional. En sus fundamentos, se manifestó que “esta Universidad ha manifestado reiteradamente su profunda preocupación ante la grave situación presupuestaria que afecta a las Universidades Nacionales y ante el menoscabo salarial de los trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes”.
Adicionalmente, se recordó que la UBA “ha declarado la emergencia tanto en materia salarial como presupuestaria” y que la normativa aprobada por el Congreso “tiene por objeto garantizar la protección, el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales en todo el territorio de la República Argentina y la recomposición salarial de los trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes”.
En otro apartado del documento, el órgano colegiado subrayó que “la Ley da respuesta a la situación crítica tanto de funcionamiento de las universidades nacionales, como salarial de sus trabajadores y trabajadoras, y por tanto su no aplicación arbitraria solo sigue profundizando esta crisis”.
El escrito también resalta que “la no ejecución de esta Ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina”.
Finalmente, el Consejo hizo hincapié en que resulta “imprescindible que de manera inmediata el Poder Ejecutivo Nacional cumpla con la efectiva ejecución de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del salario, asignándose en forma urgente los recursos presupuestarios necesarios, en cumplimiento con las obligaciones constitucionales y legales vigentes”.
El principal cuerpo de gobierno de la UBA, compuesto por el rector, los decanos de las trece facultades y representantes de los claustros de profesores, graduados y estudiantes, estimó que el cumplimiento de la ley resulta fundamental para asegurar la educación pública y la estructura democrática en el país.
Este martes, el Gobierno oficializó la Ley N° 27.795, que establece un nuevo esquema de financiación para las universidades públicas y la mejora salarial del personal docente y no docente, y la Ley N° 27.796, que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud en la República Argentina por el término de un año. Sin embargo, la entrada en vigor de ambas quedó diferida hasta que el Congreso de la Nación establezca las fuentes de financiamiento e incorpore las partidas económicas requeridas en el Presupuesto Nacional. Hace aproximadamente un mes, una situación similar afectó a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Esta determinación fue formalizada en la madrugada de este martes, a través de la publicación de los decretos 759/2025 y 760/2025 en el Boletín Oficial. De este modo, el Poder Ejecutivo dejó en suspenso la operatividad de las normativas, argumentando el impacto fiscal que, a su juicio, generarían en las finanzas del Estado.
