La inseguridad se coló de lleno en el tramo final de la campaña. La bronca social generado tras el crimen del kiosquero en La Matanza, llevó a los principales dirigentes de Juntos a redireccionar los ejes de la discusión pública. Sin disimulo, agitaron la indignación hacia el accionar del gobierno nacional y provincial, aún sabiendo que las decisiones sobre las excarcelaciones o el beneficio de libertad condicional corresponden al Poder Judicial.

En las últimas horas, dirigentes opositores responsabilizaron a los gobiernos de Alberto Fernández y Axel Kicillof de liberar a “miles de presos”. En particular, la ex gobernadora María Eugenia Vidal, reorientó su estrategia discursiva y acusó a las autoridades municipales y provinciales de tomar la “decisión política de no ocuparse de la seguridad".

Sin embargo, fue una resolución del Procurador Julio Conte Grand, ex Secretario legal y técnico de María Eugenia Vidal, dictada a inicios de la pandemia, la que dio el marco legal que propinó las liberaciones  a comienzos del 2020. El funcionario, les ofreció la herramienta a los defensores oficiales para que soliciten arrestos domiciliarios a personas con condena y se disminuya la cantidad de prisiones preventivas – imputados alojados en cárceles hasta el juicio oral-, bajo el único parámetro de ser personas de riesgo.

En síntesis: la única clave para que sea otorgado el beneficio se centró en la cuestión sanitaria y no tuvo en cuenta factores como la gravedad del delito o el prontuario que llevó a los delincuentes a estar tras las rejas.

La polémica resolución de Julio Conte Grand

Al comienzo de la pandemia, el Procurador Julio Conte Grand firmó una resolución con la que habilitó a ampliar masivamente el beneficio del arresto domiciliario, a partir de un criterio únicamente sanitario.

La medida fue dispuesta el 16 de marzo de 2020 y enumeraba, con un minucioso detalle, al universo de personas potencialmente alcanzadas por el beneficio

Quienes hayan cumplido 65 o más años de edad;

Mujeres embarazadas o en período de lactancia;

Personas con depresión inmunológica de cualquier origen;

Personas que padezcan diabetes;

Personas con insuficiencia renal;

Personas hipertensas o con patologías cardiovasculares;

Personas trasplantadas;

Personas con patologías oncológicas;

Personas con antecedentes de patología respiratoria crónica o cursando infecciones respiratorias;

Cualquier otra persona que se considere en mayor riesgo por alguna patología o especial

La disposición, no fijó límites vinculados a la peligrosidad del detenido, ni hizo mención alguna a la gravedad del hecho que se le imputaba.

Una resolución menos permisiva de Casación pero más criticada

En abril de 2020, un fallo del Tribunal de Casación revisó la medida recomendada por el Jefe de los Fiscales, Julio Conte Grand y limitó el beneficio de los arrestos domiciliarios a personas de riesgo que purgan penas o están acusadas de cometer delitos tipificados como “leves”.

La disposición, estableció de forma explícita quienes estaban al margen del beneficio, y recomendó “resguardar la integridad psicofísica de la víctima”; “en los procesos por delitos contra la vida (homicidios); la libertad (secuestros); la integridad sexual (abusos y violaciones) y aquellos cometidos en un contexto de violencia de género (femicidios)”.

Pese a limitar los márgenes del beneficio, el fallo de Casación derivó en una mirada inquisidora de medios porteños y dirigentes de la oposición. En esa indignación selectiva, omitieron la resolución inicial del vidalista Julio Conte Grand, quien salió ileso.

Tal fue su grado de blindaje, que hasta se animó en recorridas por los canales de televisión para pedir mayores limitaciones, cuando su firma fue la que dio el marco para que agentes judiciales solicitaran atenuaciones en las condiciones de arresto de forma masiva.

Hoy, cuando la problemática de la inseguridad retoma el protagonismo en la agenda pública y las discusiones carecen de contexto, revisar estos antecedentes resulta indispensable.