El Gobierno de Santa Fe avanza hacia una transformación histórica: a partir del 1 de julio de 2026, todos los trámites administrativos deberán gestionarse exclusivamente de forma digital a través de la Plataforma de Gestión Timbó. Así lo establece el Decreto Nº 2518/25, firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro, en el marco del programa Territorio 5.0, que impulsa la modernización integral del Estado provincial.
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La medida busca reducir el uso de papel, optimizar los recursos públicos y garantizar mayor transparencia en los procesos administrativos. Actualmente, el ecosistema digital santafesino ya cuenta con más de 22.800 expedientes electrónicos y 117 trámites totalmente digitales, mientras que la cantidad de gestiones online crece cada mes: entre julio y septiembre, la proporción de expedientes digitales pasó del 11% al 20%, con un aumento intermensual cercano al 30%.
La secretaria de Gestión Pública, Natalia Galano, explicó que “la digitalización permite ordenar, simplificar y transparentar toda la administración”. Y agregó: “Hoy tenemos más de 20 mil agentes formados en el uso de Timbó. Ya contamos con capacidades instaladas y equipos con experiencia para acelerar la transformación digital en toda la provincia”.
El decreto también dispone que ningún trámite podrá iniciarse en formato papel después de julio de 2026. Cada organismo deberá adaptar sus procedimientos al nuevo esquema electrónico, bajo la coordinación de la Unidad de Gestión Timbó, junto con las secretarías de Gestión Pública, Legal y Técnica, y Tecnologías para la Gestión.
Galano también resaltó el objetivo de cerrar la brecha digital: “Estamos ampliando la conectividad con el programa Santa Fe Más Conectada, que ya llega a más de 100 localidades del norte provincial y pronto cubrirá el centro y sur. Queremos que todos los santafesinos, sin importar dónde vivan, tengan el mismo acceso a los servicios del Estado”.
Con este paso, Santa Fe consolida su liderazgo en innovación administrativa y se convierte en una de las primeras provincias del país en eliminar por completo el uso del papel en la gestión estatal, apostando a un modelo más ágil, equitativo y sustentable.
