La crisis económica que fomenta el gobierno de Javier Milei sigue sin perdonar ni a las empresas emblemáticas.
Te puede interesar
La Justicia decretó la quiebra de Aires del Sur, la histórica fabricante de aires acondicionados de las marcas Electra y Fedders, radicada en Tierra del Fuego.
La resolución judicial, publicada este martes en el Boletín Oficial, confirmó el peor escenario para los 140 trabajadores de la planta de Río Grande, que ya habían ocupado la fábrica en febrero por salarios adeudados.
A comienzos de este año, la empresa había solicitado su propia quiebra y arrastraba una “estructura económica y financiera profundamente deteriorada”.
Quebró Aires del Sur: 140 operarios fueguinos se quedan en la calle
Según la presentación judicial, el costo financiero del sistema superaba el margen operativo del negocio, generando pérdidas estructurales. La fábrica estaba paralizada desde diciembre de 2025 y los operarios acumulaban casi dos meses sin percibir sus salarios cuando decidieron tomar las instalaciones.
El intento de salvataje falló. Aires del Sur había negociado durante meses con el grupo chino Chigo, uno de los gigantes mundiales del sector de climatización.
La empresa buscaba una inversión mínima de 5 millones de dólares a cambio de transferir hasta el 80% del paquete accionario. Pero la dilación en las definiciones del grupo inversor resultó incompatible con la urgencia de la caja de la firma.
El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, fue contundente al vincular la quiebra con las políticas nacionales. “Todas las fábricas están complicadas porque no hay consumo en el país”, afirmó.
Y agregó: la caída estrepitosa del consumo interno y las nuevas políticas de apertura de importaciones “llevan a la muerte de la industria nacional”. Un diagnóstico que contradice el relato triunfalista del gobierno libertario.
La quiebra de Aires del Sur es apenas un síntoma de lo que ocurre en la economía real. Mientras Milei celebra la baja de la inflación y se jacta de ordenar las cuentas públicas, las fábricas cierran, los trabajadores pierden sus empleos y las familias se quedan sin ingresos.
La Justicia designó al contador Roberto Pugnaloni como síndico del proceso y fijó el 5 de agosto como fecha límite para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación de créditos.
La planta industrial de 15.000 metros cuadrados y unos 4.000 kits de producción almacenados en el puerto de Buenos Aires quedarán a disposición del tribunal. Los trabajadores, mientras tanto, esperan respuestas que el gobierno no da.
