Lejos de asumir la responsabilidad, las autoridades nacionales optaron por la vía más habitual de esta gestión: desviar la atención con acusaciones infundadas, tergiversar datos y apuntar contra la Provincia de Buenos Aires, en especial contra Axel Kicillof, blanco recurrente del oficialismo.
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El encargado de lanzar la última acusación fue Nahuel Sotelo, actual secretario de Culto, Estado y Civilización de la Nación y diputado bonaerense en uso de licencia. En una declaración sin respaldo técnico ni contable, aseguró que el gobernador Kicillof le debe 4 mil millones de pesos al Hospital Garrahan a través del IOMA, la obra social de los trabajadores del Estado bonaerense. Según su relato, esa presunta deuda pone en riesgo las finanzas del centro pediátrico más importante del país.
Pero los números, una vez más, desmienten al Gobierno. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, salió al cruce de manera inmediata: “Como no quieren resolver la situación, ahora mienten señalando a la Provincia”, sostuvo con firmeza. Y acompañó sus declaraciones con datos oficiales. En lo que va del año, el Garrahan facturó al IOMA $1.268 millones por servicios brindados, de los cuales ya fueron abonados $1.006 millones. Es decir, la deuda real es mínima, y los $4 mil millones denunciados por Sotelo carecen de todo fundamento.
La maniobra no es nueva. Desde el inicio de la gestión nacional actual, se repite una lógica: cuando hay una crisis que requiere respuestas, el gobierno elige el camino de la falsedad o la exageración como estrategia para justificar el ajuste o cargarle la culpa a otros. En este caso, se trata de trabajadores de la salud y pacientes pediátricos, uno de los sectores más sensibles. Pero la respuesta estatal no fue con aumentos, diálogo ni mejoras, sino con manipulación.
Kreplak fue contundente: “Resuelvan la situación del hospital pediátrico más importante del país. Hay que laburar, no mentir sobre los trabajadores ni sobre cualquier otra cosa”. La apelación a la responsabilidad no parece calar en un oficialismo nacional que prefiere instalar relatos que lo eximan de toda responsabilidad. La Provincia de Buenos Aires, y en particular el gobierno de Kicillof, se han convertido en los chivos expiatorios ideales.
En vez de garantizar el derecho a la salud y responder a los reclamos legítimos de quienes sostienen el sistema público, el Gobierno Nacional opta por una política comunicacional basada en falacias. Esta no es la excepción: es la regla de un modelo que se sostiene en la posverdad para seguir ajustando. Y cuando se trata de infancia y salud pública, esa estrategia es tan irresponsable como peligrosa.
