Bajo el nombre de “Régimen de Regularización de Activos”, la medida será enviada al Congreso como parte de un proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Economía, con el objetivo de legalizar miles de millones de dólares no declarados.
Te puede interesar
La propuesta incluye un paquete de beneficios inusuales para quienes decidan “blanquear” su patrimonio. Se podrán declarar hasta 50.000 dólares no registrados pagando apenas un 1,5% de impuesto, sin necesidad de justificar su origen ni tener ingresos previos declarados. Según Luis Caputo, el objetivo es movilizar los “dólares del colchón”, es decir, los fondos que están fuera del circuito formal.
Pero el proyecto va más allá: propone una reducción del plazo de prescripción de los delitos tributarios de cinco a solo dos años, lo que dificultaría futuras investigaciones contra evasores. Además, actualiza por inflación los montos que disparan sanciones, lo que en los hechos relaja el castigo a las grandes maniobras de evasión.
En paralelo, el Gobierno negó aumentos salariales y prestaciones básicas. Los trabajadores del Garrahan —uno de los hospitales pediátricos más importantes del país— enfrentan sueldos congelados. Las jubilaciones mínimas, erosionadas por la inflación, fueron desestimadas nuevamente por el Ejecutivo. Lo mismo ocurre con los programas de asistencia para personas con discapacidad, que atraviesan recortes y demoras críticas.
La contradicción es evidente: el Estado ajusta sobre los sectores más vulnerables mientras diseña mecanismos para premiar a quienes eludieron sus obligaciones fiscales durante años.
Según fuentes oficiales, el blanqueo ya tiene el respaldo de las provincias de Entre Ríos y Chubut. El Gobierno presiona a otras jurisdicciones para que adhieran, bajo amenaza de negarles acceso a información tributaria clave. “El que no firma, no cobra”, parece ser la lógica.
Expertos en derecho tributario alertan que esta estrategia implica una grave pérdida de capacidades para el fisco y un incentivo indirecto a la evasión futura. El mensaje es claro: incumplir paga, y mucho. Cumplir, en cambio, se castiga con tarifazos, inflación y deterioro del salario real.
El discurso oficial insiste en que la medida traerá liquidez y dinamismo económico. Sin embargo, el costo político y social de premiar a los evasores mientras se niegan recursos a los más postergados podría marcar una nueva grieta: la que separa al país formal del país impune.
