Natalia Foresio no solo era contadora. También cobraba un sueldo del Estado como asesora en la Cámara de Diputados bonaerense. Y no estaba sola: su esposo, Luis Mauricio Cortazzo, figuraba como empleado del Senado. Ambos están procesados por su rol central en un esquema de evasión fiscal y lavado de dinero que, según la Justicia Federal, operó desde 2020 con ramificaciones en todo el país.
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Así lo determinó el juez Ernesto Kreplak, que señaló que la pareja "pertenece al bloque del PRO", aunque no se precisó a qué legislador reportaban. La revelación sumó un nuevo capítulo a un expediente que sacude al sistema político y económico de la provincia. El caso ya implica a más de 140 personas físicas y jurídicas, con embargos millonarios, inactivaciones masivas de CUITs y una única detenida: la propia Foresio.
La investigación, originada en una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), descubrió un engranaje delictivo basado en "usinas de facturación apócrifa", con empresas creadas para emitir facturas truchas, simular gastos y fugar dinero. Según la resolución judicial, el esquema tenía una estructura piramidal con tres niveles:
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Las empresas A, o "usinas", generaban facturas por operaciones inexistentes.
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Las empresas B compraban esos comprobantes para revenderlos.
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Las empresas C, firmas con actividad real, utilizaban las facturas falsas para reducir su carga impositiva.
El dinero terminaba canalizado en emprendimientos vinculados al turismo y la hotelería. Varias empresas con actividad comprobada están relacionadas con la Federación de Trabajadores de la Sanidad (FATSA) y con el Sindicato de Salud Pública de la provincia (SSP). Se investiga el desvío de fondos hacia complejos hoteleros en Mar del Plata, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Foresio no solo administraba el esquema desde su estudio contable en La Plata; muchas de las empresas estaban registradas en su domicilio o el de su pareja. Incluso la firma “Romaco Mantenimiento y Construcciones SA” declaró como sede una ferretería activa llamada “La Lucha” en Diagonal 73, cuyos empleados dijeron desconocer el nombre “Romaco”. Algo similar ocurre con “Distribuidora Alcaraz SA”, también vinculada al mismo inmueble.
El juez Kreplak identificó a Foresio como la jefa de una asociación ilícita con capacidad operativa, acceso al sistema financiero, cobertura política y una red de colaboradores dispuestos a ofrecer su nombre para simular sociedades ficticias. Aunque sus socios —Cortazzo, Claudia Mariela Soria y Hugo Fernando Gatti— recuperaron la libertad bajo condiciones restrictivas, ella sigue detenida por riesgo de fuga y entorpecimiento del proceso.
A medida que se profundiza la investigación, el caso amenaza con salpicar no solo a decenas de empresarios y profesionales, sino también a funcionarios públicos que validaron, facilitaron o se beneficiaron del circuito. Un dato inquietante: la red operó impunemente durante años, mientras sus líderes cobraban sueldos del Estado provincial.
