El Gobierno nacional anunció con entusiasmo una baja en los impuestos a la importación de productos electrónicos. Lo presentó como una medida destinada a abaratar precios al consumidor, pero detrás del marketing económico, el anuncio deja un saldo preocupante: miles de puestos de trabajo en Tierra del Fuego entran en zona crítica.
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Desde Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni, acompañado por el ministro de Economía Luis Caputo, informó la reducción escalonada de los derechos de importación para celulares: del 16% actual al 8% en una primera etapa, y a cero a partir de enero de 2026. A esto se suma una fuerte baja en los impuestos internos: pasarán del 19% al 9,5% para productos importados y de 9% a 0% para los fabricados en Tierra del Fuego.
El mensaje oficial intenta instalar una lógica simplista: si se bajan impuestos, bajan los precios. Pero la realidad es mucho más compleja, y los efectos en la estructura productiva de la provincia austral pueden ser devastadores.
Tierra del Fuego no solo aloja a fábricas ensambladoras de productos electrónicos; es también un sostén laboral para miles de familias, un motor económico clave en una región con dificultades históricas de conectividad y desarrollo. Esta medida, lejos de "no tener impacto" —como insisten desde el Gobierno—, coloca en terapia intensiva a un modelo industrial que ha garantizado empleo, arraigo y producción nacional durante años.
Además, la propuesta de equiparar los precios con “el resto de la región” omite un dato fundamental: sin una industria nacional competitiva y protegida, lo que se equipara no es el precio, sino la dependencia externa y la pérdida de soberanía productiva.
También se solicitó a las provincias que reduzcan el impuesto a los Ingresos Brutos sobre estos productos, una movida que sigue desfinanciando al Estado mientras fortalece una apertura comercial que favorece a los grandes importadores, pero deja a los trabajadores y a la industria nacional a la intemperie.
Lo que se pone en juego no es solo un número en una góndola: es el empleo, la producción nacional y el derecho de las provincias a sostener su propio desarrollo económico.
