Cristina Kirchner cuestionó este viernes el régimen de visitas de la prisión domiciliaria impuesto por el Tribunal Oral Federal N°2, que exige autorización previa para cualquier persona que no pertenezca a su círculo familiar, legal o médico.
“El resto de mis relaciones con el mundo exterior; amigos, amigas, compañeros, compañeras y otras personas que conozco y me vinculo por el solo hecho de ser una persona que tiene vida, cada vez que quieran visitarme deberán presentar una solicitud al Tribunal y luego esperar su autorización”, escribió la expresidenta a través de su cuenta de X.
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El reclamo fue realizado luego de que se le autorizara poder salir al balcón (algo que se le había impedido) y la injustificada colocación de una tobillera electrónica.
En el posteo, advirtió que sus abogados -Carlos Alberto Beraldi y Ary Rubén Llernovoy- recurrieron la decisión del Tribunal Oral Federal N°2 que solo permite que la visiten personas de su núcleo familiar, sus abogados y médicos.
"Un régimen de exclusión totalmente arbitrario, que no se le aplica a nadie y violatorio de mis más elementales derechos civiles. De mis derechos políticos, mejor ni hablemos. Te la debo", expresó.
Y concluyó con un interrogante: “¿Habrá una Constitución y Códigos Penales y Procesales especiales, redactados únicamente para mí y que nunca me enseñaron en la facultad?“.
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Los argumentos de los abogados de CFK
En el escrito presentado ante el Tribunal, los abogados de Cristina, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, recordaron que "quienes cumplen su pena en un domicilio particular pueden desarrollar todas las actividades que no se encuentran prohibidas por la ley".
"Más allá de la pena privativa de la libertad y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, nuestra asistida no ha perdido ninguno de los demás derechos inherentes a su condición humana, tanto civiles como políticos", remarcaron en el texto.
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A la vez, plantearon que no fue explicitado cuál es el propósito de que quienes quieran visitar a CFK deban requerir una autorización previa. "Tampoco se ha explicado cuál es la norma o el criterio a partir del cual el Tribunal habrá de resolver la procedencia o no de las peticiones que se le formulen, evitándose así caer en casos de discrecionalidad absoluta que no pueden ser controlados".
Asimismo, recalcaron el hecho de que Cristina Kirchner es "la principal líder política de la oposición al gobierno nacional y máxima dirigente del Partido Justicialista". Por ello, señalaron que "lo cierto e incuestionable es que en un sistema democrático no puede limitarse el derecho que tiene un dirigente político a mantener contactos directos con personas que desarrollen esta misma actividad, ya sean de su propia fuerza u otra".
Además, agregaron que "líderes de fuerzas políticas de otros países y sus primeros mandatarios ya han hecho saber su intención de reunirse a la brevedad con nuestra representada", como es el caso de Lula. "No parece sensato que esta clase de encuentros deban estar supeditados a la obtención de autorizaciones judiciales previas", señalaron.
"Si se coartaran los derechos que le asisten a Cristina Fernández de Kirchner, imponiéndole una regla de conducta que no registra antecedentes, que no encuentra fundamento normativo y cuya finalidad no es explicada, no solo se habrán de lesionar sus garantías personales, sino también los de millones de personas que ella representa y, por ende, al sistema democrático y republicano de gobierno", concluyó el texto.
