La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados discutirá este martes el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que el presidente Javier Milei prohibió los tratamientos de hormonización y el cambio de género en el DNI para menores de 18 años.
A la vez, se analizará el intento del Gobierno de modificar la ley de acceso laboral para personas travestis, transexuales y transgéneros, que obligaba al Estado a destinar el 1% de los puestos a esta población.
Debido a esto, la presidenta de la comisión, Mónica Macha (UxP), convocó a referentes del colectivo LGBTIQ+ para que expongan sobre el impacto de las medidas del oficialismo. "Colectivos enteros están siendo muy afectados por las definiciones de Milei", advirtió la diputada. Y agregó: "Vamos a trabajar sobre las consecuencias del discurso de odio del Presidente, que genera hechos de violencia como los ataques recientes a parejas de lesbianas".
El decreto reformó el artículo 11 de la Ley 26.743, dejando sin efecto el acceso a tratamientos hormonales adolescentes, con el argumento de que son "personas en desarrollo con derecho a su integridad física, sexual, psíquica y moral". Además, el Gobierno citó la Convención sobre los Derechos del Niño, que sostiene que los menores requieren protección especial por su falta de madurez.
"La suspensión abrupta de estos tratamientos tiene consecuencias graves en la salud física, mientras que la imposibilidad de acceder a ellos afecta directamente la salud mental de adolescentes trans. Los tratamientos de afirmación de género para adolescentes han sido respaldados por organismos de salud nacionales e internacionales, ya que garantizan el bienestar y la salud integral de las personas trans", informaron desde la Federación Argentina de Lesbianas Gays Bisexuales y Trans (FALGBT).
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¿Qué dice el decreto de Javier Milei?
El DNU 62/2025 modifica el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género (26.743), estableciendo que solo los mayores de 18 años pueden acceder a intervenciones quirúrgicas o tratamientos hormonales para adecuar su cuerpo a su identidad de género autopercibida.
"Las personas menores de DIECIOCHO (18) años de edad no podrán acceder a las intervenciones y tratamientos a los que hace referencia el presente artículo", señala el texto oficial. Además, la normativa establece que los tratamientos de afirmación de género no estarán incluidos en el Programa Médico Obligatorio, argumentando que "aún se encuentran en fase experimental y carecen de datos estadísticos sólidos que respalden mejoras en la salud integral".
El decreto también revoca la Ley 27.636, que garantizaba que al menos el 1% de los empleos estatales fueran destinados a personas travestis, transexuales y transgénero. Para el Ejecutivo, esta política era una "imposición ideológica", mientras que los sectores opositores la consideran un retroceso en materia de inclusión laboral.
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El apoyo de Macri y el rechazo de la oposición
La decisión del Gobierno fue respaldada por el expresidente Mauricio Macri, pero es rechazada por la mayoría de los diputados opositores, ya que se trata de una ley de amplitud de derechos que fue impulsada durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.
Desde la oposición ya anticiparon que, en caso de que el DNU sea rechazado en el Congreso, acudirán a los tribunales para frenar su aplicación. La decisión final quedará en manos de la Corte Suprema, que podría definir la validez de la medida en los próximos meses.
