El oficialismo vuelve a pisar el acelerador legislativo. Aunque la agenda del gobierno de Javier Milei suele definirse por los decretos y la motosierra, esta vez la apuesta es otra: un paquete de cuatro leyes que el Ejecutivo enviará al Congreso.
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El anuncio lo hizo este viernes Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, a través de su cuenta de X. Ni conferencia de prensa, ni detalles técnicos. Solo una lista con los títulos y una promesa de “modernización”.
El momento no es casual. El gobierno necesita mostrar músculo después de un semestre complicado. La causa por enriquecimiento ilícito que salpica al propio Adorni, las denuncias cruzadas entre sectores del oficialismo y una economía que no termina de despegar empujaron al Ejecutivo a buscar un tema que no sea la interna.
El paquete de leyes, entonces, cumple dos funciones: dar la sensación de actividad y enviar señales a los mercados y a los aliados políticos.
El Gobierno envió al Congreso un paquete de leyes: los detalles
Adorni, que suele ser el vocero de las malas noticias, esta vez se encargó de difundir las supuestas buenas nuevas. Pero el contenido de los proyectos ya encendió las alarmas en varios frentes. No solo por lo que proponen, sino por lo que dejan afuera.
El primer punto de la lista es la Ley de Ludopatía. Promete combatir las plataformas ilegales de apuestas online y reforzar la protección de los menores.
Suena razonable, pero el gobierno no explicó cómo piensa regular a las empresas que ya operan legalmente ni qué controles efectivos se implementarán.
El segundo es el más esperado por los sectores empresarios: un “Súper RIGI”. Se trata de un nuevo régimen de incentivos para grandes inversiones, dedicado exclusivamente al desarrollo de nuevas actividades económicas.
El antecedente del RIGI original (aprobado en 2025) ya generó polémica por las exenciones millonarias a empresas extranjeras sin contraprestaciones claras. Ahora, el gobierno quiere ir por más.
La tercera iniciativa es la que más ruido generó. El Ejecutivo propone derogar la ley de etiquetado frontal y eliminar los octógonos negros. La norma actual, vigente desde 2021, fue un avance clave en la lucha contra la malnutrición y fue celebrada por la OPS y la OMS.}
El gobierno la considera “poco precisa” y apuesta por “un sistema de información nutricional más adaptable”. Las organizaciones de consumidores ya salieron a alertar: volver atrás es un regalo a la industria alimenticia.
El cuarto proyecto es una ley de lobby. La idea es “ordenar y transparentar a todos aquellos que buscan influir sobre las decisiones públicas”, según dijo Adorni.
La iniciativa podría ser positiva si no termina siendo una herramienta más de control político o un parche que no resuelva el problema de fondo: la opacidad en los vínculos entre el poder y los privados.
En el Congreso, la oposición anticipó que analizará cada proyecto con lupa. Especialmente el del etiquetado, que consideran un retroceso inadmisible.
