El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, admitió este lunes ante empresarios españoles en Madrid que el Gobierno buscará “desarticular la estructura” de los gremios mediante una reforma laboral que priorice los convenios colectivos por empresa y no por actividad.
La presentación fue en el marco del Encuentro Empresarial organizado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la embajada argentina en España, con unos 200 invitados entre empresarios, emprendedores argentinos radicados en España, diplomáticos y simpatizantes de La Libertad Avanza.
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La premisa del ministro es en principio falaz, pero al mismo tiempo antigua porque esto ya se aplicó y fracasó. Fue durante el gobierno de la Alianza de Fernando de la Rúa. Se conoció como la ley Banelco (porque se logró gracias a sobornos) y fue una norma, derogada en 2004, que proponía exactamente lo mismo que pretende Milei.
“Cuando se cambia el orden de prelación, es decir, si el convenio por empresa prevalece sobre el convenio que hace el sindicalismo a nivel nacional, se desarticula esa estructura. El orden de la prelación cambia totalmente el poder. Por eso, vamos a tener que bailar si queremos hacer esto”, reconoció el funcionario ante un auditorio de unos 200 empresarios y funcionarios, al responder sobre la reacción de los sindicatos frente a la reforma.
El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado calificó la modificación como un paso “imprescindible” para avanzar en lo que definió como una “federalización de las negociaciones colectivas”, alegando que las condiciones laborales deben fijarse “en cada lugar” y no a nivel nacional. Señaló que “todo el nordeste de nuestro país tiene problemas de empleo porque le imponen condiciones de Buenos Aires”.
"Este tipo de reformas generan inseguridad jurídica porque son inconstitucionales", aseguró a Página/12 el abogado laboralista Gustavo Ciampa.
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Sturzenegger y su nuevo ataque hacia los trabajadores
El ex funcionario del gobierno de Fernando de la Rúa aseveró que el plan de Milei es transferir poder de negociación hacia las empresas y debilitar a los sindicatos nacionales. Si esto se logra, representaría un quiebre con el modelo sindical vigente desde mediados del siglo XX, basado en la negociación por rama de actividad y la figura del sindicato único con personería gremial, amén de representar una feroz avanzada de la oligarquía contra la clase obrera.
El proyecto legislativo que servirá de base fue presentado por la diputada libertaria Romina Diez e incluye modificaciones en la jornada laboral, el régimen de indemnizaciones y la estructura de los convenios colectivos. Por ello, desde los sindicatos advirtieron que cualquier intento de imponer estas reformas sin consenso enfrentará resistencia inmediata.
Hay un elemento más que el abogado laboralista Ciampa agrega al momento de hablar sobre esta nueva batalla que pretende dar la Casa Rosada. "Este tipo de reformas generan inseguridad jurídica. Repercute negativamente en las micro, en las pequeñas y medianas empresas y solo generan mejores condiciones para las grandes", afirmó el abogado que además agregó dos datos a tener en cuenta.
Por un lado este tipo de leyes son inconstitucionales porque van en contra de lo que plantea el artículo 14 bis de la Constitución Nacional que permite mejoras pero que "deben ser progresivas y no degraden los derechos sino mejorarlos".
Ciampa insistió en que la Constitución es más que clara cuando habla de leyes que protejan a los trabajadores. "Deben tener el cuidado de una serie de bienes jurídicos como la remuneración justa, estabilidad del empleado público, condiciones dignas y equitativas de labor, protección contra el despido arbitrario, vacaciones pagas y participación en las ganancias". Dicó además que la inseguridad jurídica tiene como primera consecuencia una mayor litigiosidad. "Este perjuicio lo van a terminar pagando los empresarios, grandes, chicos y medianos", remarca el abogado laboralista.
Ley Banelco
Lo que trascendió de la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei tiene peligrosos parecidos con la ley que De la Rúa logró aprobar en el Senado gracias a lo que se conoció como "Ley Banelco", como la denominó el líder del sindicatos de Camioneros, Hugo Moyano, para referirse a los sobornos que se pagaron en la Cámara alta para su aprobación.
Moyano, en ese entonces líder del Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA) denunció que el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, le había reconocido que para los senadores del PJ tenía la Banelco. Para el camionero eso representaba una clara referencia al pago de sobornos.
El proyecto era una exigencia del Fondo Monetario Internacional y su sanción, en medio del escándalo, terminó siendo el principio del fin de aquel gobierno. El articulado de esa norma planteaba, como ahora quiere Milei para satisfacer a Trump, una reducción de las indemnizaciones por despido, la derogación de la ultraactividad que establece que un CCT permanece vigente hasta que otro lo reemplace, la prevalencia de convenios de ámbito menor o por empresas por encima de los CCT por actividad y reducción de los aportes a la seguridad social.
