El ajuste del Gobierno avanza sobre el acceso a la vivienda con el cierre de la Secretaría de Hábitat y Vivienda, dejando sin empleo a 500 trabajadores y paralizando programas esenciales como Procrear, FONAVI y Casa Propia.
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Según denunció la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la decisión ya está tomada y será efectiva a partir del 1 de marzo.
“A partir del 1 de marzo, más de 500 trabajadores de la Secretaría de Hábitat serán despedidos”, alertaron desde el gremio, en medio de un fuerte recorte que golpea tanto al sector público como a la construcción y la economía en general.
El Gobierno elimina la Secretaría de Hábitat y frena miles de obras
El cierre de la Secretaría implica la cancelación de proyectos habitacionales y la interrupción de convenios que beneficiaban a miles de familias en todo el país. “El recorte de fondos para la obra de viviendas y mejoramiento del hábitat no solo afecta al Estado, sino a toda la economía nacional”, remarcaron desde ATE, advirtiendo sobre el impacto en empresas constructoras, contratistas y proveedores, que ya enfrentan suspensiones y despidos.
Además, denuncian que el Gobierno avanza con la eliminación de la Secretaría sin resolver la continuidad de obras en ejecución ni el destino de los fondos asignados. “Pretende cerrar la Secretaría sin haber cerrado administrativa ni legalmente los fondos ni las obras que aún están en ejecución”, cuestionaron desde el gremio.
También se verán afectados los convenios con organismos internacionales como el BID y el BIRF, que financian proyectos clave de infraestructura.
Según ATE, esto pone en riesgo el acceso a la vivienda para miles de familias y agrava aún más la crisis económica y social. “El desmantelamiento no solo representa un golpe devastador para las familias humildes y trabajadoras del país, sino que también agravará la crisis económica y social en los próximos meses”, advirtieron.
En números, la medida dejaría en stand by 1.836 convenios activos, frenaría más de 103.000 soluciones habitacionales y afectaría a unas 21.000 industrias vinculadas a la construcción. A esto se suma el riesgo para unos 500.000 puestos de trabajo en el sector.
Desde ATE advierten que la decisión del Gobierno representa un retroceso en la garantía del derecho a la vivienda y liquida estructuras importantes para la planificación del hábitat. “Este ajuste no solo destruye empleos, sino que también desmantela una estructura de conocimientos fundamentales para la planificación y gestión del hábitat y la vivienda del país”, concluyeron.
