La crisis del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) volvió a escalar con fuerza y dejó al descubierto un problema que ya excede lo coyuntural. La decisión de la Agremiación Médica Platense (AMP) de suspender por 72 horas la atención a afiliados por falta de pago no solo reavivó la tensión con los prestadores, sino que expuso un entramado de dificultades financieras, políticas y estructurales que impactan de lleno en el sistema sanitario bonaerense.
Un conflicto que escaló y mantiene la tensión
La medida de fuerza se extendió durante viernes, sábado y domingo, y finalizó este lunes, tras semanas de negociaciones fallidas. Desde la conducción de la AMP advirtieron que el Instituto no cumplió con el cronograma de pagos y que solo realizó desembolsos parciales, dejando a una porción significativa de profesionales sin cobrar.
La suspensión afectó las prestaciones habituales, aunque se mantuvieron guardias, emergencias y cirugías oncológicas. Sin embargo, el conflicto está lejos de cerrarse: los médicos ya anticiparon que podrían avanzar con nuevas medidas si se repiten los atrasos, en un escenario donde la conflictividad sigue latente.
Deuda, atraso y pérdida de ingresos
El trasfondo económico es contundente. La deuda del IOMA con prestadores ronda los $1.300 millones correspondientes a prestaciones de febrero, con un 30% aún sin cancelar. A eso se suma el congelamiento de honorarios desde octubre de 2025, lo que derivó en una fuerte pérdida del poder adquisitivo para los profesionales.
La propuesta oficial de actualización —un incremento del 6% y subas en copagos— fue rechazada por considerarse insuficiente frente al deterioro acumulado. En este contexto, el desgaste profesional empieza a emerger como un factor crítico. El médico Carlos Alberto Marcheschi advirtió sobre un escenario de “extrema vulnerabilidad que amenaza con desestabilizar el sistema de salud regional”, con especial énfasis en el caso de anestesiólogos que arrastran deudas salariales desde diciembre y enfrentan una creciente sobrecarga laboral.
El impacto directo en los afiliados
Como en cada crisis sanitaria, el impacto más inmediato recae sobre los afiliados. Miles de bonaerenses enfrentan restricciones en la atención médica en un contexto de creciente demanda.
El intendente de Rojas, Román Bouvier, describió el escenario sin matices: “Cada vez se nos hace más difícil gestionar con menos recursos. La demanda viene creciendo a pasos agigantados”. Y apuntó directamente a las obras sociales estatales: “IOMA y PAMI se demoran y pagan mucho menos que al privado”.
Desde San Pedro, el intendente Cecilio Salazar fue aún más crítico: “Hoy nuestro hospital está saturado de gente, de jubilados que no tienen otro lugar donde atenderse, porque el privado les cortó todos los servicios, o se los está cortando al no recibir los pagos”.
PAMI y el efecto dominó sobre el sistema público
El frente del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) suma presión a un sistema ya tensionado. La reducción de la cápita a $2.100 por afiliado generó medidas de fuerza por parte de médicos de cabecera y complicaciones en distintos distritos.
Según el Colegio de Médicos bonaerense, el valor actual es “una cifra indigna que no cubre ni los costos básicos de una sola consulta”. Para sostener su actividad, un profesional debería atender cerca de mil pacientes por mes, un esquema considerado inviable.
El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, alertó sobre el impacto directo en el sistema público: “Estamos atendiendo entre un 30% y 40% más de población con menos recursos”. Y agregó: “Cada vez más pacientes terminan en el hospital público”.
En paralelo, las demoras en pagos de medicamentos y la posible afectación de programas como Remediar profundizan la preocupación, especialmente entre jubilados, uno de los sectores más vulnerables frente al deterioro del sistema.
La disputa política: autarquía y responsabilidades
En medio de la crisis, la discusión política sobre el futuro del IOMA volvió a instalarse en la Legislatura bonaerense. El bloque UCR + Cambio Federal reflotó un proyecto para dotar al organismo de autarquía financiera y administrativa.
El diputado Diego Garciarena, impulsor de la iniciativa, sostuvo: “La autarquía es una herramienta que puede garantizar una mayor capacidad de acción y de gestión en beneficio de los afiliados. La salud es un derecho esencial para los bonaerenses”.
El proyecto propone que los fondos se transfieran directamente al IOMA antes del día 15 de cada mes, con el objetivo de evitar demoras administrativas y mejorar la planificación financiera del organismo.
Desde la oposición advierten que el problema es estructural. “La defensa de la salud pública no puede ser solo un discurso contra el ajuste nacional. IOMA es responsabilidad exclusiva del gobierno bonaerense”, planteó Garciarena, marcando el eje de una disputa que excede lo sanitario y se inscribe de lleno en la puja política entre Nación y Provincia.
Un sistema en tensión permanente
La crisis del IOMA no es un hecho aislado, sino el síntoma de un sistema de salud cada vez más exigido por la combinación de ajuste, inflación y aumento de la demanda. Con prestadores en conflicto, afiliados afectados y hospitales públicos al límite, el escenario plantea un desafío estructural que requiere algo más que respuestas coyunturales.
En ese marco, la discusión sobre financiamiento, gestión y modelo sanitario vuelve al centro de la agenda política bonaerense, con un interrogante de fondo: hasta dónde puede sostenerse un sistema que muestra señales cada vez más evidentes de agotamiento.
