Alexia Abaigar sigue detenida en un calabozo del Penal de Ezeiza. Funcionaria del Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires y militante peronista, espera que la Cámara Federal de San Martín se pronuncie sobre la validez de su detención, ordenada por la jueza Sandra Arroyo Salgado en el marco de una causa por su supuesta participación en un escrache frente al domicilio del diputado José Luis Espert.
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Pese a que el Cuerpo Médico Forense desaconsejó su permanencia en prisión por motivos de salud, la Cámara –integrada por los jueces Néstor Barral y Alberto Lugones– dilata su resolución. La fiscalía a cargo de Carlos Cearras aún no emitió dictamen, y el expediente permanece sin movimiento pese al pedido de “preferente despacho” solicitado por la defensa de Abaigar, encabezada por Daniel Llermanos.
El diagnóstico médico es contundente: la permanencia en la cárcel implica “riesgo elevado de infecciones” y la necesidad de un control clínico estricto, más aún si se inicia un tratamiento inmunosupresor. Abaigar padece una enfermedad autoinmune que requiere atención médica permanente, ambientes higiénicos, ventilados y contacto regular con sus profesionales de salud.
Sin embargo, Arroyo Salgado justificó su detención en conjeturas infundadas: según ella, la funcionaria podría “entorpecer la investigación” o “eludir a la justicia”, aunque no tiene antecedentes, tiene domicilio fijo, empleo, arraigo y todas las medidas probatorias ya fueron producidas. La jueza llega incluso a argumentar que su rol en el Estado podría facilitar maniobras para interferir en la causa, sin detallar cómo ni con qué herramientas.
La defensa rechazó también la figura penal impuesta: atentado al orden público, amenazas agravadas e incitación al odio por motivos políticos. No hay una sola prueba que indique que Abaigar organizó o lideró una agrupación violenta. Lo que sí hay es un contexto: el escrache fue una expresión política frente a un dirigente que públicamente pidió “cárcel o bala” para legisladores opositores.
Abaigar no es la única. También fueron detenidas otras personas, entre ellas Eva Mieri, presidenta del bloque del PJ en el Concejo Deliberante de Quilmes, y tres militantes más. Sus abogados ni siquiera fueron notificados del delito que se les imputa.
La causa se agrava con cada día que pasa sin resolución. Lo que parece un proceso judicial se ha transformado en una forma de castigo político. La inacción de la Cámara y la arbitrariedad de la jueza configuran una grave irresponsabilidad institucional que pone en riesgo la salud y la libertad de personas sin condena.
