La situación judicial del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, escaló a una velocidad que compromete seriamente su estabilidad en el cargo. Este lunes, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen ante el juez Ariel Lijo solicitando una batería de medidas de prueba de alto impacto.
Te puede interesar
El objetivo es reconstruir minuciosamente el historial de desplazamientos internacionales de Adorni, su esposa Bettina Angeletti y el productor Marcelo Grandío, bajo la sospecha de que el funcionario pudo haber incurrido en el delito de malversación de caudales públicos al utilizar estructuras de financiamiento opacas para sus traslados de lujo.
La investigación, que se inició tras el polémico vuelo privado a Punta del Este durante el último feriado de Carnaval, ha dejado de ser un caso aislado.
Pollicita busca ahora determinar si existe un patrón sistemático de viajes financiados por terceros vinculados a la pauta oficial o a organismos del Estado, como la TV Pública. Para ello, el fiscal ha pedido levantar el secreto sobre los movimientos migratorios de todo el entorno del funcionario desde el 1° de enero de 2023 hasta la actualidad, una ventana de tiempo que abarca tanto su etapa como vocero presidencial como su reciente ascenso a la Jefatura de Gabinete.
La ruta del dinero y los vuelos: El "cruce de datos" que preocupa al oficialismo
El requerimiento de la fiscalía no deja margen para el error: se ha solicitado a la Dirección Nacional de Migraciones un detalle exhaustivo que incluya fechas, horarios, pasos fronterizos, medios de transporte y acompañantes. El foco principal está puesto en el período comprendido entre el 12 y el 17 de febrero de 2026, días en los que se habría concretado el viaje en avión privado a Uruguay que desató el escándalo.
Sin embargo, el punto más sensible del dictamen de Pollicita es el pedido de cruce de información. El fiscal quiere establecer si Adorni, su esposa y el productor Grandío registran otros viajes conjuntos o hacia los mismos destinos en fechas coincidentes. La Justicia sospecha que Grandío, a través de su productora vinculada a medios estatales, podría haber actuado como "pagador" de los vuelos privados del funcionario, una maniobra que configuraría una dádiva o, peor aún, una malversación si esos fondos provienen de contratos públicos.
Bajo sospecha: ¿Se alteraron los registros migratorios?
En un movimiento inusual que sugiere desconfianza sobre la transparencia del organismo, Pollicita puso la lupa sobre la trazabilidad de los datos. Solicitó identificar nominalmente a cada agente de Migraciones que haya intervenido en la carga, validación o modificación de los ingresos y egresos de Adorni y su familia. El fiscal exige el nombre del agente, el área, la dirección IP y la terminal utilizada para cada registro.
Esta medida busca detectar si hubo algún intento de borrar o alterar movimientos en el sistema para ocultar viajes que no fueron declarados o que no coinciden con la agenda oficial del Jefe de Gabinete. La sombra de la manipulación de registros públicos agrega una capa de gravedad institucional a una causa que ya investiga el origen de los fondos para la compra de un departamento de u$s 230.000 en Caballito y una casa en un country de Exaltación de la Cruz.
JAG Aviation y la TV Pública: Los nexos de la financiación
El dictamen también alcanza al sector privado. El fiscal requirió información a la firma JAG Executive Aviation S.A. sobre las comunicaciones y facturaciones vinculadas a los vuelos investigados. La atención se centra en una factura emitida recién el 4 de marzo, semanas después del viaje a Punta del Este, lo que para la fiscalía podría ser un intento de "emprolijar" los papeles ante la difusión periodística del hecho.
Asimismo, Pollicita pidió dar intervención a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para que analice la conducta de los funcionarios involucrados. La hipótesis de que Marcelo Grandío o su productora pagaron los vuelos de Adorni mientras mantenían vínculos contractuales con el Estado es el núcleo de la sospecha de corrupción. Mientras tanto, Adorni mantiene su postura de confrontación, alegando que su patrimonio fue construido en el sector privado, aunque los tiempos de sus adquisiciones —que coinciden casi quirúrgicamente con sus ascensos en el Gobierno— parecen decir lo contrario.
