El Gobierno de Javier Milei emitió un polémico decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para reformar la Ley de Inteligencia Nacional. Con este documento, se le confirió mayor poder a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que desde ahora tendrá la capacidad de aprehender personas. El documento provocó un fuerte repudio por parte de la oposición, que alertó que las modificaciones introducidas implican un "retroceso histórico" en materia de espionaje.
Uno de los puntos centrales del texto es que a partir de ahora, todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto "en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional".
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En este contexto, los agentes de la SIDE estarán facultados a aprehender personas, algo que tenían vedado en la Ley 25.520. En un paso más que da el Gobierno por romper los consensos edificados al regreso de la democracia, la reforma habilita a la SIDE a requerir la asistencia o apoyo técnico y/o logístico por parte de las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad federales y las fuerzas policiales. Volverán a actuar conjuntamente, una unidad que se buscó fracturar tras la experiencia de la dictadura.
“Es una reforma muy regresiva y peligrosa”, denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El CELS viene denunciando las maniobras que favorecen el espionaje ante los tribunales. En 2024, cuestionó en el fuero contencioso administrativo el DNU 614 –que resucitó a la SIDE–. En ese expediente, la gestión libertaria ya había hecho su apuesta a favor del secreto cuando fue a pedir que todo el trámite fuera reservado, algo insólito ya que no se discutían operaciones “encubiertas”. Ahora, avanza en ese sentido con el nuevo DNU.
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Cuando gran parte de los argentinos y las argentinas estaban pensando en el brindis de Año Nuevo, Javier Milei estaba firmando junto con sus ministros un nuevo DNU que reforma el aparato de inteligencia y habilita a los agentes de la SIDE a aprehender personas. No es una estrategia nueva: ya lo había hecho en julio de 2024, cuando hizo que la SIDE resucitara desde las tinieblas.
Otro punto importante del Decreto es el que disuelve la Agencia de Seguridad Nacional y crea, en su lugar, la Agencia Nacional de Contrainteligencia, que tendrá como tarea evitar acciones de infiltración, fuga de información clasificada, sabotaje y atentados contra el orden constitucional, entre otras cuestiones. Estas medidas deberán aplicarse en todo el Sector Público Nacional.
El Poder Ejecutivo también creo que el Centro Nacional de Ciberseguridad (CBC), cuya función será "proteger el ciberespacio de interés nacional, las infraestructuras críticas de información, los activos digitales estratégicos del Estado Nacional y los sistemas tecnológicos empleados en la prestación de servicios públicos esenciales y actividades del Sector Público Nacional".
Los ministerios, organismos y entes descentralizados pasan a ser sujetos activos de contrainteligencia. La SIDE podrá exigir, además, información a todas las agencias del Estado.