Durante la jornada de este martes, Lanús atravesó por una crisis por la desvinculación de 80 empleados del área de barrido y limpieza en el municipio. Los trabajadores afectados, tras ser relevados de sus funciones, realizaron una serie de bloqueos simultáneos en arterias estratégicas del distrito administrado por el intendente Julián Álvarez.
La jornada estuvo marcada no solo por la visibilización del reclamo laboral, sino también por graves denuncias sobre el accionar violento de las fuerzas de seguridad durante el desarrollo de las manifestaciones.
En el despliegue del plan de lucha, se establecieron piquetes en dos de los nodos de tránsito más sensibles de la localidad: el acceso a través del Puente Alsina y la intersección neurálgica de las avenidas Hipólito Yrigoyen y Brasil. Estas medidas de fuerza buscaron denunciar la intempestiva pérdida de sustento para decenas de hogares y la persistente negativa del Ejecutivo municipal a establecer un canal de comunicación para resolver la situación de las familias damnificadas.
La movilización contó con el respaldo activo de diversas organizaciones sociales y gremiales, destacándose la participación de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). La entidad emitió un pronunciamiento formal en el que manifestó su rechazo absoluto a la política de cesantías y brindó su solidaridad técnica y política a los empleados municipales del sector de higiene.
Denuncias de Violencia Institucional y falta de diálogo
De acuerdo con el testimonio brindado a los medios por Florencia Aranda, una de las referentes del sector, las concentraciones en los puntos clave de Lanús debieron ser interrumpidas antes del mediodía debido a incidentes represivos ocurridos en el cruce de las calles Brasil e Yrigoyen. Según el reporte, la intervención de la Policía Bonaerense resultó en dos manifestantes con lesiones por golpes y otros seis afectados por el uso de gases químicos.
Aranda enfatizó que, en las instancias previas a la movilización, no existió ninguna posibilidad de interlocución con las autoridades locales: “En la previa de la movilización de los municipales no existió ningún canal de diálogo con el municipio”.
Asimismo, subrayó que la administración de Julián Álvarez ha mostrado una nula predisposición para instaurar una mesa de negociación. Este endurecimiento del conflicto, que ya se extiende por varias semanas, ha profundizado la vulnerabilidad de las familias afectadas. La trabajadora fue taxativa al interpelar directamente al jefe comunal:
“Julián Álvarez tiene que dar marcha atrás con su decisión de dejar a 80 familias sin un plato de comida para llevar a sus casas, que deje de hacer persecución política y que vuelva a habilitar la comida de los comedores. Es un gobierno peronista, no libertario, tiene que revertir urgente su decisión”, expresó.
Precarización laboral en la mira
El estallido del conflicto puso bajo la lupa las condiciones de contratación dentro de la Municipalidad de Lanús, revelando lo que los trabajadores describen como un sistema de precarización laboral sistémico e irregular. Las denuncias apuntan a ingresos mensuales de apenas $140.000, una cifra que se posiciona drásticamente por debajo de la línea de pobreza y que no contempla estabilidad contractual ni beneficios de ley.
Uno de los puntos más críticos del reclamo reside en la opacidad del vínculo laboral. Los barrenderos sostienen que el Ejecutivo local utiliza mecanismos que eluden la formalidad:
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Ausencia de contratos escritos: Los trabajadores carecen de documentación que respalde su relación de dependencia.
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Inexistencia de recibos de sueldo: No se emiten comprobantes oficiales de haberes ni se detallan cargas sociales.
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Tercerización irregular: Los pagos se habrían canalizado a través de depósitos vinculados a una cooperativa cuya matrícula y funcionamiento legal son desconocidos por los propios operarios.
A este escenario de irregularidad administrativa se añade una deuda salarial inmediata. El municipio de Lanús aún adeuda el pago del último mes de servicios prestados a los 80 trabajadores, a pesar de que las tareas de barrido y limpieza fueron efectivamente cumplimentadas. Para los damnificados, esta retención de haberes constituye una herramienta de disciplinamiento político contra quienes osaron denunciar la precariedad del servicio.
Exigencias de la UTEP y Perspectivas del Conflicto
Desde la UTEP, se interpreta que estas medidas forman parte de un programa de ajuste fiscal que impacta sobre los eslabones más débiles de la cadena laboral municipal. En consecuencia, la organización y los trabajadores han unificado su pliego de condiciones en cuatro puntos fundamentales:
- Reincorporación inmediata de la totalidad de los despedidos.
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Apertura de una paritaria o instancia de diálogo real.
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Formalización laboral y mejoras sustanciales en las condiciones de trabajo.
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Restablecimiento de la asistencia alimentaria en los comedores distritales.
La situación permanece en un estado de alta volatilidad, con la amenaza latente de nuevas medidas de fuerza ante la ausencia de una respuesta satisfactoria por parte de la intendencia.
