El bloque de senadores de Unión por la Patria presentó un proyecto de resolución para rechazar el fallo judicial que obliga a Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF a un fondo buitre, al que definieron como “una amenaza directa a la soberanía nacional”.
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La iniciativa fue firmada por más de una decena de legisladores y elevada este martes al Senado.
Allí se exige al Poder Ejecutivo que agote todas las instancias legales y diplomáticas para revertir la decisión del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, encabezado por la jueza Loretta Preska.
Desde el bloque señalaron que la sentencia viola la Constitución Nacional, desconoce la ley de expropiación de YPF sancionada en 2012 y atenta contra el principio de autodeterminación de los pueblos.
UxP rechazó el fallo de Preska por YPF: “Una orden colonial e inadmisible”
En el texto, además, se exige al Ejecutivo que recupere el equipo legal especializado en litigios internacionales, desmantelado en 2024, y que rinda cuentas periódicas al Congreso sobre el estado del proceso judicial.
“El fallo representa un ataque directo a nuestra soberanía jurídica, económica y política”, expresaron los senadores, quienes además pidieron que la cancillería denuncie la resolución “ante organismos internacionales como un atentado a la autodeterminación” y gestione respaldo diplomático de países aliados.
La denuncia central del bloque apunta al fondo Burford Capital, beneficiado por la jueza Preska con una compensación estimada en 16.000 millones de dólares. “Compraron el reclamo por apenas 50 millones de dólares y ahora pretenden llevarse 320 veces más. Es un negocio escandaloso que se construyó a costa del pueblo argentino”, señalaron.
Entre los fundamentos, se critica también el cálculo “artificial e inflado” de la cifra: el tribunal estadounidense tomó como referencia abril de 2012, fecha del decreto de intervención, y no mayo de 2012, cuando se sancionó la ley que declaró de utilidad pública la recuperación de YPF.
Esa diferencia, según detallan, eleva el monto en más de 3.000 millones de dólares, a lo que se suma una tasa de interés anual del 8% durante 13 años.
En otro tramo, el documento advierte sobre un entramado mayor de presión internacional sobre los recursos estratégicos del país. “Esto no es un hecho aislado. Forma parte de una estrategia de colonialismo financiero. Hay actores que buscan apropiarse de YPF, del litio y de la energía eléctrica por vías judiciales o condicionamientos externos”, afirmaron.
Además, alertaron sobre la posible pérdida de control sobre activos públicos en el marco del nuevo acuerdo firmado con el FMI en 2025 y apuntaron contra la supuesta injerencia de funcionarios estadounidenses vinculados a fondos especulativos.
“No se trata solo de una sentencia judicial. Es un intento de sentar un precedente: que cualquier decisión democrática y soberana pueda ser revertida por un tribunal extranjero con intereses financieros detrás”, denunciaron.
Para cerrar, los senadores llamaron a todas las fuerzas políticas a unirse frente al fallo. “Los recursos de la Nación no se negocian en Wall Street. Quienes quieran defender a la patria deben oponerse con todo vigor y valentía, en defensa de la soberanía nacional”, concluye el proyecto.
