El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó este martes que el Gobierno argentino solicitó formalmente la suspensión del fallo judicial que ordena entregar acciones de YPF a un fondo buitre y confirmó que se está trabajando en la apelación.
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“El Gobierno solicitó la suspensión del fallo de la jueza Preska y trabaja en la apelación”, escribió el vocero en su cuenta de X.
En la sentencia dictada por la magistrada estadounidense Loretta Preska, se le dio la razón al fondo Burford Capital en su demanda contra el Estado argentino.
Nación rechazó el fallo por YPF y advirtió que es “inaplicable”
“La sentencia que ordena entregar acciones de YPF contradice la Ley 26.741, que exige autorización del Congreso por mayoría agravada y desconoce la inmunidad soberana”, señaló Adorni en el anuncio.
Además, subrayó que “las acciones no están en poder del Estado ni son legalmente transferibles”.
La resolución de Preska, que representa un nuevo capítulo en el extenso litigio por la estatización de YPF, ordena que la Argentina entregue parte de su paquete accionario en la petrolera estatal como forma de pago por la indemnización.
Se trata de un doble fallo en contra del país: por un lado, la jueza avaló que el Estado argentino debe pagar más de 16.000 millones de dólares por supuestos perjuicios al no haber hecho una oferta pública a accionistas minoritarios en el momento de la expropiación de 2012.
Por otro, ahora resolvió que ese pago se puede ejecutar con acciones de YPF, a pesar de que la legislación argentina impide esa transferencia sin aval parlamentario.
La defensa del país ya había cuestionado tanto la competencia del tribunal estadounidense como los fundamentos del fallo original, al sostener que el estatuto de YPF no puede estar por encima de la Constitución ni de las leyes nacionales que regulan las expropiaciones.
El anuncio de Adorni marca la postura oficial del Ejecutivo, luego de varias jornadas en las que referentes del peronismo, incluidos el PJ y la expresidenta Cristina Kirchner, denunciaron que la sentencia representa un “ataque a la soberanía” y criticaron a Javier Milei por no rechazar el fallo con firmeza.
