El proyecto del gasoducto que le permite a la Argentina ahorrar alrededor de 3.000 millones de dólares al año atraviesa una crisis que ya no puede ocultarse. Los signos de desidia por parte del Estado se multiplican, y la obra, vital para la economía nacional, parece sumida en un preocupante abandono.
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En primer lugar, los daños sufridos por una estación de medición en La Pampa, derrumbada tras un fuerte temporal, fueron solo el primer indicio visible del deterioro del proyecto. A eso se suma el hecho de que la planta compresora de Salliqueló, un componente clave para su operatividad plena, continúa inconclusa.
Ahora, el panorama se agrava con el anuncio de la empresa contratista encargada de terminar esa planta —una unión transitoria de empresas (UTE) formada por Contrera Hermanos y Esuco—, que decidió abandonar definitivamente la obra. El motivo: la falta de pago por parte de Enarsa, la empresa estatal responsable del gasoducto. Según comunicó la UTE, Enarsa no realiza pagos desde febrero y además se niega a cubrir sobrecostos por imprevistos ni facilita la documentación necesaria para continuar los trabajos.
En una nota con tono marcadamente duro, la contratista informó que retirará todo el personal y equipamiento del predio a partir del lunes 19 de mayo de 2025. Asimismo, indicó que desde esa fecha toda comunicación se limitará estrictamente a canales formales, como correo electrónico o cartas contractuales.
Este conflicto no es aislado. Enarsa parece atravesar una descomposición interna, reflejada en la reciente renuncia de su gerente de operación y mantenimiento, Oscar Álvarez. Según fuentes internas, su salida se suma a la de varios asesores y funcionarios que, en palabras de un trabajador de la empresa, “se están yendo como ratas, con vacaciones pagas, mientras la compañía sigue a la deriva”.
Lejos de ser un problema técnico o aislado, el caso del gasoducto revela un patrón de gestión negligente e irresponsable por parte del Estado. Un proyecto estratégico, que podría beneficiar al país en términos económicos y energéticos, se ve amenazado por la falta de planificación, compromiso y cumplimiento de obligaciones básicas. La inacción y los errores administrativos no solo retrasan obras; comprometen el desarrollo y el bienestar colectivo.
