Mientras las temperaturas siguen en baja y crece la preocupación por las personas en situación de calle, una organización social denunció que el Ministerio de Capital Humano tiene más de 70 mil frazadas guardadas sin repartir.
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La acusación apunta directamente a la gestión de Sandra Pettovello, que ya fue cuestionada por la distribución de alimentos.
La denuncia fue hecha por Proyecto 7, una asociación que trabaja con personas en situación de vulnerabilidad, y sostiene que, a pesar de los pedidos judiciales, el Gobierno sigue sin entregar las frazadas.
Acusan al Ministerio de Capital Humano de retener frazadas en depósitos
“Están guardadas en depósitos, no las quieren repartir, incluso con fallos judiciales de por medio”, aseguró Horacio Ávila, referente del espacio, en declaraciones radiales.
La situación toma otra dimensión si se tiene en cuenta la modificación que hizo el Ejecutivo esta semana en el sistema de asistencia para personas en situación de calle.
A través de un decreto, se transfirió la responsabilidad a las provincias y municipios, mientras la Nación se corre a un rol más de coordinación.
“Se lavan las manos”, dijo Ávila, y criticó con dureza al presidente Javier Milei por el ajuste y el recorte a los sectores más vulnerables.
También apuntó a una puesta en escena reciente en Bariloche, donde, según él, “hicieron un circo con una entrega simbólica y quedaron 70 mil frazadas sin entregar”.
Desde la cartera de Capital Humano, sólo hubo una breve publicación en redes sociales explicando que la Secretaría de Niñez y Familia modificó la normativa, pero sin dar detalles sobre el reclamo por las frazadas.
Mientras tanto, las temperaturas bajo cero continúan y, según el propio Ávila, ya hubo al menos 10 muertes por hipotermia en la Ciudad durante la primera ola polar del año.
El Gobierno limitó por Decreto la asistencia a personas en situación de calle
A través del Decreto 373/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno realizó importantes cambios en la ley que regula los derechos de las personas en situación de calle. Con estas modificaciones, limitó su intervención directa y delegó la responsabilidad de la ejecución de políticas sociales en provincias y municipios.
El texto que redefine el alcance de la Ley 27.654, cuyo objetivo es garantizar el acceso a la vivienda y la protección de quienes están en riesgo de perderla, lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
La nueva medida indica que el Gobierno nacional actuará como "órgano rector" a través de la aprobación de directrices y lineamientos generales, mientras que su participación en la asistencia directa quedará supeditada a situaciones en las que las capacidades técnicas, humanas o financieras de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sean insuficientes.
Asimismo, establece que la nueva autoridad de aplicación será la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello y será este organismo el que tendrá a cargo la tarea de coordinar acciones entre jurisdicciones y monitorear el uso de los fondos transferidos en caso de asistencia nacional.
El decreto argumenta que las realidades locales varían según la región: mientras algunas zonas enfrentan problemas por alta densidad poblacional, otras tienen dificultades relacionadas con la precariedad habitacional o la movilidad de trabajadores migrantes. Ese es uno de los motivos por el cuál cada provincia y municipio podrá diseñar sus propias estrategias de intervención, siempre que respeten los estándares mínimos establecidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.
El texto también deroga el inciso a) del artículo 12 de la ley original, que obligaba a mantener o integrar todos los programas preexistentes sin permitir su revisión o reducción ya que, según el Gobierno, esa obligación limitaba la capacidad de rediseñar políticas y reasignar recursos de forma más eficiente.
