La energía nuclear se va perdido poco a poco con el Gobierno de Javier Milei. Este jueves, la administración nacional formalizó el inicio del proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la compañía estatal a cargo de la operación de las centrales nucleares del país.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial y establece la venta del 44% del paquete accionario a través de una licitación pública nacional e internacional, mientras que el Estado mantendrá el 51% y el control estratégico de la empresa.
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La decisión se encuadra en la Ley Bases (Ley 27.742), que declaró a NASA “sujeta a privatización” bajo el esquema de incorporación de capital privado, pero manteniendo control estatal.
A mediados de septiembre pasado, el entonces vocero presidencial, Manuel Adorni, había anunciado durante una conferencia de prensa en Casa Rosada que se daría inicio al proceso. "La decisión de privatizar la compañía que opera los reactores nucleares del país responde a uno de los principales objetivos del Plan Nuclear Argentino, que consiste en promover la inversión privada dentro del sector", afirmó el Gobierno en ese momento.
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El 44% del paquete accionario de Nucleoeléctrica se pondrá a la venta mediante una licitación pública nacional e internacional, dispone la resolución. En tanto, establece también que un 5% de las acciones se reservará para un Programa de Propiedad Participada (PPP), es decir, un esquema para que trabajadores y trabajadoras accedan a una porción del capital.
Asimismo, el 51% restante seguirá en manos del Estado Nacional, a través de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica. La norma exige que el Estado conserve la mayoría accionaria y, además, el poder de veto en decisiones estratégicas: ampliar una central, construir una nueva, sacar de servicio una central nuclear o permitir el ingreso de un accionista que tome control.
Como paso previo, el Gobierno ordenó que se haga una valuación formal del paquete accionario de Nucleoeléctrica. Esa tasación será encargada a un banco público nacional. La resolución señala que el Ministerio de Economía debe tener lista y lanzada la licitación en un plazo máximo de 12 meses.
El Gobierno deja por escrito que el Estado conservará la mayoría accionaria y el control sobre las decisiones críticas del plan nuclear argentino. Esto implica que ningún inversor, por más peso que adquiera en la licitación, podrá decidir por sí solo cerrar una central, frenar una ampliación o habilitar la construcción de una nueva.
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¿Por dónde se hará el procedimiento de venta de Nucleoeléctrica?
El procedimiento de venta se llevará a cabo a través de la plataforma CONTRAT.AR, conforme al decreto 416/2025, mientras que la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial coordinará la administración del Programa de Propiedad Participada junto con la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Por último, la normativa -quelleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo- instruye a revisar el estatuto social de la compañía para adecuarlo a la incorporación de capital privado. Con esta medida, el Gobierno busca avanzar en la reconfiguración del sector nuclear, habilitando la participación de inversores privados pero preservando la conducción estatal.
