El Gobierno nacional avanza con una auditoría masiva sobre las pensiones por discapacidad, en un operativo que ya encendió alarmas en organizaciones, familias y profesionales del sector. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), bajo la órbita del Ministerio de Salud, lleva adelante un proceso de revisión que podría desembocar en la suspensión de hasta 270.000 beneficios si sus titulares no logran ser localizados o no cumplen con los nuevos requisitos administrativos.
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El Ejecutivo sostiene que el objetivo es garantizar la transparencia y depurar el padrón. Sin embargo, en paralelo, el Congreso aprobó —con impulso de la oposición— la declaración de la emergencia en discapacidad, buscando frenar posibles recortes, asegurar la continuidad de pagos, actualizar aranceles y establecer criterios claros de permanencia en el sistema.
La auditoría comenzó con el envío de 550.000 notificaciones a beneficiarios de pensiones no contributivas. Según el gobierno nacional, apenas se logró contactar a poco más de 280.000 personas. En 220.000 casos, directamente no se encontró el domicilio informado, y en otros 50.000 no se pudo concretar la entrega por causas diversas: viviendas cerradas, rechazos, vacaciones o plazos vencidos.
La cifra que más preocupa es la que ahora evalúan suspender: 270.000 pensiones que podrían darse de baja si no se presentan los titulares para una revalidación presencial o no responden a las citaciones. A esto se suman otras 110.000 notificaciones aún pendientes de envío.
Desde el oficialismo explican que la auditoría incluye entrevistas, controles médicos y revisiones documentales. En la práctica, sin embargo, los tiempos son acotados y las vías de contacto insuficientes, lo que deja a muchos en riesgo de perder su ingreso sin haber tenido siquiera la oportunidad de defender su derecho.
“La lógica es simple: si notificamos y nadie reclama, asumimos que había una irregularidad”, explican increíblemente funcionarios del Ejecutivo. Y agregan un dato que complica aún más el escenario: sospechan que miles de beneficiarios ya no residen en el país, por lo que proyectan cruzar datos con los registros migratorios.
Las organizaciones de personas con discapacidad, en cambio, denuncian una “caza de brujas administrativa” que revictimiza a uno de los sectores más vulnerables del país. Advierten que las pensiones no contributivas, lejos de ser un privilegio, son un derecho básico para quienes no pueden insertarse en el mercado laboral formal por condiciones de salud o dependencia funcional.
El enfoque oficial no contempla situaciones habituales en las que la comunicación falla: mudanzas, falta de acceso digital, carencias en la distribución postal o incluso limitaciones propias de la condición de las personas notificadas. Además, el proceso omite canales de apoyo estatal o acompañamiento a quienes deben cumplimentar trámites complejos sin orientación.
La política de control no es nueva, pero el volumen actual y el sesgo punitivo sí. La diferencia, ahora, es el contexto: el ajuste fiscal como prioridad del Gobierno de Javier Milei pone en riesgo millones de vidas con lógica de Excel, sin evaluar impacto social. La discapacidad, en ese cálculo, aparece como una variable prescindible. Las consecuencias de esa mirada están aún por verse, pero el temor crece.
