El conflicto en el Hospital Garrahan expone un guión repetido, aunque con un agravante: ahora, en nombre de la “libertad”, se precariza, se amenaza y se ajusta más ferozmente. Lo que fue en su momento la avanzada de María Eugenia Vidal contra los docentes bonaerenses —a quienes acusó de “no querer trabajar” mientras intentaba reemplazarlos con voluntarios— hoy se replica desde el gobierno nacional con médicos y médicas de uno de los hospitales pediátricos más importantes del país.
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Mientras el gobierno de Javier Milei denuncia a quienes protestan como “ñoquis” y “extorsionadores”, intenta cubrir vacantes con contrataciones express, sin concursos ni planificación, y con condiciones más favorables que las del personal estable. El mensaje es claro: quien acepte cobrar menos y no reclame, entra. Quien defienda derechos, sale. La motosierra no discrimina y, como siempre, cae sobre las áreas más sensibles.
La denuncia no la encabezan gremios “k” ni comités ideológicos. Vino de los propios jefes de servicio, que alertaron sobre una fuga de profesionales por los salarios congelados y sobre un intento deliberado de desmantelar programas de formación. Advirtieron, además, que el funcionamiento del hospital ya está comprometido.
La Secretaría de Trabajo convocó a una reunión paritaria. El Gobierno no envió a ningún funcionario de peso. ATE lo sintetizó sin eufemismos: “Vinieron cuatro perejiles del Garrahan, no el ministro de Salud, ni Economía, ni Jefatura de Gabinete”. Resultado: el paro sigue, y puede profundizarse.
La extorsión no terminó ahí. Residentes que sostenían la huelga denunciaron haber recibido telegramas y amenazas de despido si no levantaban las medidas. ¿Libertad? No. Terror laboral. “Nos dijeron que los telegramas de despido ya estaban escritos”, confesó una médica del Garrahan. A la par, medios afines al oficialismo titulaban que “el Gobierno logró levantar el paro con aumentos”. Puro relato.
El argumento de “eficiencia y orden” se desmorona con los números: el presupuesto del Garrahan cayó 30% en términos reales para 2025. La Superintendencia de Salud ejecutó un 68% menos. Hospitales nacionales muestran recortes del 21 al 27%. A la motosierra la acompaña la subejecución.
Pero lo más grave es la normalización del desprecio. El comunicado anónimo que firmó —o no firmó— el Ministerio de Salud acusa al gremio ATE de “abandonar pacientes” y califica la protesta como “extorsión política”. El mismo Estado que amenaza con despidos masivos y contrata médicos a las apuradas, llama irresponsables a los que siguen sosteniendo la atención con recursos cada vez más escasos.
Y mientras tanto, las diputadas mediáticas del oficialismo juegan con la indignación: “Nadie tiene por qué pagar tus sueños”, dijo Lilia Lemoine. Como si trabajar en un hospital público fuera un capricho infantil y no una vocación que, para sostenerse, necesita algo más que voluntad: necesita condiciones.
La historia se repite, pero no por casualidad. Cuando no hay proyecto sanitario ni voluntad de diálogo, siempre queda el mismo recurso: culpar a quienes trabajan por lo que el gobierno destruye. Vidal lo hizo con los docentes. Milei lo hace con los médicos. Cambia el personaje, pero el libreto es el mismo.
