Un escándalo judicial de dimensiones inéditas sacude el sistema de control tributario en la región. El Juzgado Federal N°3 de La Plata, bajo la dirección del juez Ernesto Kreplak, investiga una compleja red delictiva compuesta por contadores, empresarios y prestanombres, acusados de integrar una asociación ilícita fiscal, operar con intermediación financiera no autorizada y lavar activos a gran escala.
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El núcleo de la maniobra: facturación apócrifa y empresas fantasma
La contadora Natalia Foresio, junto a su pareja Luis Mauricio Cortazzo, Claudia Mariela Soria y Hugo Fernando Gatti, se encuentra en el centro del caso. Según la acusación, desde al menos 2020 dirigieron una estructura basada en empresas ficticias diseñadas para emitir facturación trucha, obtener créditos fiscales falsos y facilitar la fuga de dinero del circuito legal.
El epicentro de la operación era el estudio contable de Foresio en La Plata. Desde allí, se montaban sociedades “de papel”, muchas registradas en su domicilio o el de su pareja, que simulaban operaciones comerciales. Estas firmas se dividían en tres niveles:
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Empresas A (usinas): emitían facturas falsas.
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Empresas B: registraban las compras ficticias y revendían los comprobantes.
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Empresas C: verdaderos beneficiarios, que reducían su carga impositiva mediante el uso de créditos fiscales simulados.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fue quien inició la investigación, que ya provocó decenas de procesamientos, inhabilitación de CUITs, embargos millonarios y la prisión preventiva de Foresio por riesgo de fuga y entorpecimiento.
Socios, familiares y prestanombres
Foresio no actuaba sola. Su pareja, Cortazzo, fue clave en la creación de empresas pantalla y el uso de cuentas bancarias para mover fondos. Soria y Gatti también gestionaron firmas, operaron cuentas y reclutaron familiares para figurar como socios ficticios.
Gatti admitió haber retirado grandes sumas de dinero de bancos y figurar como representante en sociedades sin actividad real, como Pegattihu SA y Nicapon Comercializadora SAS. Soria reconoció haber cobrado por prestar su nombre y manejar cuentas bancarias de empresas fantasmas como Bakken Gruppe SRL, Maiko Arya SAS y Tetsu Bethari SAS.
El mapa del fraude: empresas bajo sospecha
La Justicia identificó más de 140 personas físicas y jurídicas involucradas. ARCA las clasificó en seis grupos, según el grado de sospecha y el estado de las investigaciones. Algunas de las firmas ya confirmadas como apócrifas son:
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Romaco Mantenimiento y Construcciones SA, que declaró como sede una ferretería.
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Distribuidora Alcaraz SA, operando en la misma dirección.
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Colver Construcciones SA, vinculada a múltiples emisores de facturación falsa.
También se detectó un holding de firmas con sede en CABA (calle Cuba 3265), entre ellas VoltAr Astral SA, Quba Habitat Urbano SA y EBES SA, todas presuntamente beneficiarias de las maniobras.
Lavado de dinero e inversiones sospechosas
El expediente, que abarca miles de fojas, incluye peritajes contables y bancarios que revelan un esquema de triangulación financiera, emisión de notas de crédito apócrifas y desvío de fondos hacia emprendimientos turísticos e inmobiliarios, especialmente en Mar del Plata, Córdoba y CABA. Algunos de estos emprendimientos están vinculados a la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad (FATSA) y al Sindicato de Salud Pública de Buenos Aires (SSP).
La Justicia no descarta que parte del dinero haya financiado campañas políticas o haya sido canalizado por funcionarios públicos activos o exlegisladores.
El futuro de la causa
La prisión preventiva de Foresio marca un punto clave en la investigación. Sus socios, aunque excarcelados, siguen bajo proceso con restricciones. Los embargos millonarios y la inactivación de CUITs forman parte de una estrategia para desmantelar el circuito económico que sostenía el fraude.
Pero la causa está lejos de cerrarse. Nuevos nombres siguen emergiendo, y cada revisión contable abre nuevas pistas. La Fiscalía no descarta la existencia de ramificaciones políticas y la expansión de la red más allá de los límites provinciales.
“La estructura parece cerrada, pero cada vez que abrimos una carpeta, aparecen más actores”, dijo una fuente del Juzgado. La amenaza de las empresas fantasma aún proyecta su sombra sobre el control tributario argentino.
