El Hospital Garrahan no es un edificio más. Es el principal centro pediátrico del país, un lugar donde cada decisión administrativa termina impactando en trabajadores, pacientes y familias que llegan desde todo el país.
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Por eso, la decisión del Gobierno nacional de avanzar con el desafuero de diez delegados gremiales volvió a encender alarmas dentro y fuera del hospital.
El pedido fue impulsado por las autoridades del establecimiento y confirmado públicamente por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El objetivo es claro: retirar la tutela sindical de los delegados para poder avanzar luego con su despido.
El Gobierno va por el desafuero de delegados gremiales del Garrahan: los motivos
La medida se apoya en los hechos ocurridos en octubre de 2025, cuando un grupo de trabajadores ocupó las oficinas de la dirección durante una protesta.
Desde el Gobierno insisten en que se trató de una toma ilegal y apuntan a los delegados como responsables directos.
El conflicto, según la versión oficial, se originó por reclamos salariales vinculados al pago de días no trabajados durante huelgas.
Pero puertas adentro del hospital, la lectura es otra: muchos trabajadores ven la decisión como un mensaje político más amplio hacia el sindicalismo en la salud pública.
La ofensiva no termina ahí. Además de los diez delegados alcanzados por el pedido de desafuero, otras 29 personas recibirán sanciones administrativas por su participación en los mismos episodios.
Una cifra que, para muchos dentro del Garrahan, agrava el clima de incertidumbre y malestar. El Ejecutivo justifica la medida en nombre del “orden institucional” y del normal funcionamiento del hospital.
Sin embargo, la discusión vuelve a abrir una pregunta incómoda: hasta dónde puede tensarse la cuerda en un sector que ya funciona al límite, con salarios deteriorados, falta de recursos y una demanda constante.
