La Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció ante la Justicia federal que se registraron casi 40.000 ingresos indebidos al sistema en el que se encuentran todos los bienes, cuentas, propiedades y movimientos de todos los argentinos inscriptos. El espionaje ilegal se realizó entre el 1 de enero de 2017 y el 24 de octubre de 2019 durante el Gobierno de Mauricio Macri contra empresarios, políticos, jueces, jugadores de fútbol y famosos del mundo del espectáculo.
Según consignó una nota de Página 12, todo indica que la información se usó para presionar y en algunos casos para armar causas judiciales.
Un ejemplo es cómo utilizó otra información el falso abogado Marcelo D’Alessio: “Tengo todos tus viajes, el yate que tenés en Olivos, los gastos de tarjeta que no se explican”, amenazaba D'Alessio a empresarios.
La denuncia la realizó el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, tiene fecha del 16 de febrero y recayó en el juez Julián Ercolini, uno de los viajeros a Lago Escondido.
La investigación
En teoría, el funcionario de la AFIP que ingresó 56.864 veces al sistema es Vicente Luis Magnaterra. De ese total, según un informe de auditoría, 35.439 se hicieron sin justificación alguna.
Todos los ingresos se registran desde un mismo usuario y con una computadora, pero la hipótesis más fuerte apunta a que no fue un solo funcionario el que hizo los ingresos, ya que es materialmente imposible: la hipótesis obvia es que se armó una oficina, con 10 o 15 agentes, que utilizaron la misma computadora y el mismo usuario.
Magnaterra era parte de la Auditoría de Riesgos, Planificación y Control, que tenía como jefe al contador Néstor Abelardo Sosa. En la investigación sobre el hostigamiento a los directivos de Oil Combustibles, Cristóbal López y Fabián de Sousa, que estuvieron dos años presos, surgió que los informes originales de la causa, los números 14/2016 y 15/2016 fueron realizados por Sosa. Aquellas maniobras se realizaron en tiempos en que el titular de la AFIP era Alberto Abad. Los ingresos ilegales denunciados por Castagneto son tanto del mandato de Abad como de la gestión de Leandro Cuccioli.
La AFIP no quiere dar a conocer los nombres de las víctimas del espionaje porque rige el secreto fiscal. En teoría, lo que debe suceder es que el juez Ercolini debe levantar el secreto para que la AFIP le informe al propio magistrado a quien se investigó de manera ilegal.
Sin embargo, el fiscal González pidió la lista de las víctimas del espionaje y sostiene --con razón-- que no está entrando a los datos de esas personas, sino únicamente a la nómina. Lo que sí se sabe es que hay aproximadamente 11.000 víctimas y de todos los colores: del peronismo, de JxC, empresarios, jugadores de fútbol, actores, actrices, personalidades de la televisión.
El fiscal Ramiro González firmó un escrito el 9 de marzo en el que impulsó la investigación. Propuso una serie de medidas. Por ejemplo, que se le entregue copia de la auditoría que estableció la existencia de los 35.439 ingresos indebidos; una copia del primer informe que detectó esas entradas; un detalle del personal que trabajaba en el área desde el cual se ingresó al sistema, incluyendo las autoridades intermedias y superiores y un listado de los contribuyentes sobre los cuales se hicieron las consultas presuntamente ilegales. Todo eso se le pidió a la AFIP.
