En medio del juicio millonario por la expropiación de YPF que se lleva adelante en Estados Unidos, el Gobierno decidió avanzar con una fuerte reestructuración en la Procuración del Tesoro de la Nación, el organismo que defiende legalmente al Estado.
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Como parte de los cambios, despidieron a más de 60 empleados y recortaron varias áreas técnicas.
La medida se tomó en un contexto de sospechas por posibles filtraciones de información sensible que habrían favorecido al fondo Burford, el principal demandante contra la Argentina.
Desde el entorno de Javier Milei, sin embargo, aseguran que se trata de una reorganización para reducir gastos y mejorar el funcionamiento del organismo.
Procuración: Despidos masivos por presunta fuga de info en juicio por YPF
El titular de la Procuración, Santiago Castro Videla, evitó pronunciarse sobre esos rumores, pero en un comunicado oficial justificó la decisión en “la necesidad de eficientizar el funcionamiento operativo del organismo y contribuir a la reducción del gasto público”
La nueva estructura contempla una reducción del 20% del personal total desde la llegada de la actual gestión en febrero de 2025.
El organismo pasará de tener seis a cuatro Direcciones Nacionales, y se eliminará la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado.
Por otro lado, la tarea de capacitación será absorbida por un nuevo centro con menos de un tercio del personal original.
Además, se disolverán unidades jerárquicas consideradas “innecesarias” y se reasignarán funciones técnicas para eliminar superposiciones internas. Todo esto será oficializado en el Boletín Oficial este jueves.
Las sospechas que nadie confirma
Aunque el comunicado de la Procuración no hace mención alguna a posibles irregularidades, fuentes cercanas a la Casa Rosada deslizaron que hay “fuertes sospechas” de que se filtró información clave a favor del fondo Burford.
“Claramente hubo filtraciones que perjudicaron la estrategia judicial del Gobierno”, reconoció un funcionario del Ejecutivo bajo reserva.
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El juicio por la expropiación de YPF, iniciado tras la estatización de 2013, es considerado el más costoso que enfrenta hoy el país: hay en juego más de 16 mil millones de dólares
La jueza Loretta Preska, del tribunal del distrito sur de Nueva York, había ordenado que Argentina entregara su 51% de acciones en la petrolera a los demandantes.
Sin embargo, el Gobierno consiguió esta semana que la Cámara del Segundo Circuito suspendiera preventivamente esa decisión.
La Cámara de Apelaciones de Nueva York suspendió preventivamente la entrega de las acciones de YPF
La Corte de Apelación del Segundo Circuito de Nueva York suspendió preventivamente la entrega del 51% de las acciones de YPF a los fondos buitres que ganaron u$s16.099 millones en el juicio por la expropiación de la petrolera ocurrida en 2012.
Con esta decisión, se puso un freno a la embestida judicial que inició la jueza Loretta Preska contra el país, que incluía un ultimátum de 72 horas para hacer efectiva su orden de transferir las acciones de la compañía.
En principio, la decisión es por tiempo por tiempo indeterminado, hasta que sea fijado por un tribunal que todavía deberá será convocado. "Se ordena que el Tribunal conceda una suspensión administrativa temporal de la Orden de Transferencia del Tribunal de Distrito en espera de la resolución de la solicitud de suspensión", señaló el fallo.
Juicio por YPF: cómo sigue la causa
El próximo paso también quedará en manos de la Cámara y será evaluar la apelación presentada por los abogados defensores de la Argentina, que se tramita en paralelo a la ejecución de la sentencia de Preska a favor de los fondos buitres. Los camaristas deberán dar una respuesta definitiva al juicio: ratifican todo lo actuado por la magistrada, modifican parcialmente el fallo o lo revocan.
En concreto, la Cámara concedió una suspensión administrativa temporal de la orden inicial del tribunal de distrito del 30 de junio pasado. Según la resolución, esta suspensión estará vigente hasta que un panel de tres jueces analice y resuelva la moción de suspensión solicitada por Argentina.
Pero además, se fijaron distintos plazos: por un lado los apelados (los fondos) deben presentar su oposición al pedido de suspensión antes del 17 de julio. Mientras que la apelante (Argentina) debe presentar su réplica antes del 22 de julio de 2025.
En los mercados esta decisión se lee como una "gran victoria" temporal del país, que resta riesgo financiero y da certidumbre a la largo plazo para la petrolera y sus proyectos en Vaca Muerta y con el GNL.
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Qué dice el breve fallo de la Cámara de Apelaciones
Esta es la traducción del fallo de la Cámara, firmado por Catherine O'Hagan Wolfe, secretaria del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos.
En cada una de las apelaciones mencionadas anteriormente, la parte apelante solicita una suspensión (stay) mientras se resuelve la apelación contra la Orden de Transferencia emitida por el Tribunal de Distrito con fecha 30 de junio de 2025, y solicita también una suspensión administrativa en el ínterin.
Los apelados han indicado que se oponen a la solicitud de suspensión durante el proceso de apelación, pero no se oponen a la implementación de una suspensión administrativa temporal que permita una presentación ordenada de los escritos y la consideración del pedido de suspensión.
POR LA PRESENTE SE ORDENA que el Tribunal concede una suspensión administrativa temporal de la Orden de Transferencia del Tribunal de Distrito, en espera de la resolución de la moción de suspensión por parte de un panel de tres jueces.
Los apelados deberán presentar su oposición a la moción antes del 17 de julio de 2025, y la parte apelante deberá presentar su réplica antes del 22 de julio de 2025.
La moción de suspensión será sometida a la próxima sala disponible de jueces una vez vencidos esos plazos.
