El operativo, desplegado este miércoles frente al Congreso, dejó un saldo alarmante: 82 personas heridas, muchas de ellas con quemaduras por gases lacrimógenos, y 4 detenidas, entre ellas periodistas y fotógrafos que cubrían la movilización de jubilados.
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La protesta, organizada tras la negativa del oficialismo de La Libertad Avanza a dar quórum en Diputados para tratar el aumento de las jubilaciones y la continuidad de la moratoria previsional, fue brutalmente reprimida por un despliegue conjunto de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. A las tres de la tarde comenzó la avanzada: golpes, gases y arrestos contra manifestantes, prensa y hasta referentes de derechos humanos como Guillermo Lorusso, sobreviviente de “El Vesubio”.
Entre los agredidos se encuentran trabajadores de prensa como Pablo Corso y Diego Pérez Mendoza (La Nación+), y Lula Álvarez (El Destape), que fue golpeada en la cabeza con una tonfa. Los fotógrafos Javier Iglesias y Tomás Cuesta (AFP) fueron detenidos, y a la reportera Mariana Nadelcu le destrozaron su cámara. Tres de los detenidos fueron trasladados a la alcaidía federal en Villa Lugano.
La brutalidad del operativo contrastó con el espíritu pacífico que había marcado el inicio de la jornada: una misa ecuménica convocada por sacerdotes católicos y pastores evangélicos que condenaron públicamente el ajuste y la violencia institucional. “No puede ser que se siga atacando cada semana a los jubilados que están llevando adelante un reclamo justo”, denunció el padre Paco Olveira, golpeado en las dos marchas anteriores.
Desde la Comisión Provincial por la Memoria, su director Roberto Cipriano García advirtió sobre la gravedad de esta escalada represiva: “El miércoles pasado hubo 100 heridos, la semana anterior 58. La justicia que no investiga, la política que mira para otro lado y los medios que avalan el ajuste crean un clima de impunidad que erosiona la democracia”.
Incluso desde sectores religiosos hay preocupación. El pastor Leonardo Schindler, presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, fue contundente: “Esto es contrario al propósito de Dios y a la dignidad de nuestros mayores”. Y marcó distancia del sector evangélico que respalda al presidente Milei: “Nosotros no estamos acompañando este proyecto, lo rechazamos”.
Mientras el Congreso sigue vallado y militarizado, los miércoles ya no son un día cualquiera: son el símbolo de un país donde reclamar derechos básicos se paga con gas, golpes y detenciones.
